La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y sus 112 universidades afiliadas, lamentaron el uso de la fuerza pública en la toma y ocupación de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el pasado 29 de junio, y las afectaciones a alumnos, profesores y funcionarios.
Guardia Nacional y policía estatal toman instalaciones de la UDLAPRescate a UDLAP es por desfalco de 720 mdd en Fundación: RamosA través de un pronunciamiento, la organización expuso que la UDLAP es una institución de educación superior importante en el país, comprometida con la calidad acreditada y la pertinencia de su oferta educativa.
“Apoyada en un grupo capaz y eficiente de funcionarios, la UDLAP ha realizado, a lo largo de los años, importantes aportaciones académicas y de investigación, con lo que ha contribuido al bienestar de miles de graduados del estado de Puebla, de la región sur de México y de muchas entidades de nuestro territorio nacional, así como en general, al desarrollo económico y social del país”.
Por ello expresó su solidaridad con los estudiantes y colaboradores de la Universidad, así como su rechazo a las acciones que afectan el quehacer educativo y de investigación de esta casa de estudios.
“Esta Federación exhorta a las partes involucradas en las situaciones y hechos que generaron esta desafortunada situación, a buscar y encontrar, con apego a la ley, caminos de solución a sus diferencias que no afecten el ámbito académico ni la tarea educativa de la institución. Esperamos que, a la brevedad, las instalaciones y los recursos necesarios para los procesos de enseñanza sean reintegrados a la universidad, a fin de que continúe sin más interrupciones con sus funciones sustantivas de excelencia, que tanto necesitan Puebla y México”, expuso.
El pasado martes se ejecutó la orden de un juez de la Ciudad de México para entregar a un nuevo patronato la administración de la UDLAP, acción que se llevó a cabo con la presencia de agentes de la Policía Estatal y la Auxiliar.
El proceso, señalan las autoridades, se deriva de un proceso para reintegrar a la Fundación Mary Street Jenkins el patrimonio que fue donado en años anteriores a otras fundaciones, y que llegaría a 720 millones de dólares.
Foto: archivo e
gse
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