México.- Un caso que ocurrió en Lima en 2018 por un proceso de corrupción e involucró al expresidente peruano Alan García y a la embajada de Uruguay, sería un crucial antecedente diplomático por las semejanzas con la controversia que estalló entre México y Perú por la decisión del destituido exgobernante peruano, Pedro Castillo, de pedir asilo al gobierno mexicano.
México, dispuesto a dar asilo a Pedro Castillo: EbrardPedro Castillo compartirá la misma cárcel que Alberto FujimoriLos hechos en torno a ambos exmandatarios registraron notables parecidos y evidentes diferencias, por lo que los mecanismos que se utilizaron para resolver el litigio Perú-Uruguay podrían ser un factor de referencia jurídica para lograr el desenlace del lío Perú-México.
El diferendo con García en su fallido intento de obtener asilo en Uruguay se resolvió al amparo de la Convención sobre Asilo Diplomático, promulgada en Caracas en 1954 por la Organización de Estados Americanos (OEA), que estableció que es ilegal conceder ese beneficio a personas que al momento de solicitarlo están acusadas de cometer delitos comunes.
La Convención, instrumento del derecho interamericano del que México forma parte como integrante de la OEA y por haberla ratificado en la segunda mitad del siglo XX, limitó el asilo diplomático a personas que tienen razones fundadas de persecución política.
Castillo, como García en 2018, está acusado en 2022 en su país de supuestos delitos comunes. El Congreso de Perú lo destituyó el pasado 7 de diciembre por incapacidad moral por estar presuntamente implicado en actos de corrupción con dineros públicos.
En su artículo tres, la Convención determinó que “no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas”.
También definió que es ilícito concederlo “a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”.
En una precisión que calzó con lo sucedido con García, estableció que “las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega”.
Los sobornos
García ejerció como presidente en dos quinquenios completos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, y en 2018, en un proceso que se inició en 2013, se le requirió judicialmente porque presuntamente aceptó sobornos millonarios.
Nacido en 1947, se suicidó en abril de 2019 en su residencia en Lima cuando la policía llegó a detenerlo con orden judicial porque su gobierno habría recibido unos 24 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Perú se convirtió en uno de los 10 países de América Latina y el Caribe, incluido México, golpeados por el escándalo de las coimas que Odebrecht admitió que pagó a cambio de millonarios contratos públicos.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción de Perú, a pedido de la Fiscalía General de ese país, emitió el sábado 17 de noviembre de 2018 una orden de impedimento de salida de esa nación por 18 meses contra García por una controversia sobre el contrato que Odebrecht ganó, mediante pago de favores, para construir una línea del metro de Lima.
Tras reafirmar su inocencia, García anunció ese mismo día que acataría la orden del Juzgado y alegó que tampoco podría considerarse que la obligación de permanecer 18 meses en Perú sería un castigo. Sin embargo, García ingresó en la noche de ese día a la residencia del entonces embajador uruguayo en Perú, Carlos Barros, y solicitó asilo diplomático con el alegato de que sufría una persecución política.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay informó el 18 que su embajada en Lima le notificó sobre la entrada del expresidente a la casa del embajador. El entonces canciller uruguayo, Rodolfo Nin, reportó que su gobierno decidió dar trámite a la solicitud de asilo.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú entregó el 20 a Barros una nota diplomática para referirse a la gestión de García y en la que desmintió que existiera una persecución política en contra del ex presidente.
En una rápida sucesión de acontecimientos, el gobierno de Uruguay informó el lunes 3 de diciembre de 2018 que le negó la petición a García y argumentó que en Perú “funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Judicial y Legislativo), especialmente en Poder Judicial que está llevando a cabo las investigaciones de eventuales delitos económicos”.
Bajo esas circunstancias, “invitamos al señor Alan García a retirarse de nuestra residencia diplomática”, agregó.
En la mañana del 3, después de estar 15 noches en la vivienda de Barros, García debió abandonarla. Sin éxito, también intentó luego buscar asilo en las embajadas en Lima de Costa Rica y de Colombia, que se lo negaron.
Los expedientes
Tras fracasar en ejecutar un golpe de Estado, Castillo fue destituido en la tarde del 7 de diciembre anterior y detenido casi de inmediato por tener 50 acusaciones en su contra de aparente corrupción. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, le reemplazó y asumió como presidenta para concluir el quinquenio que inició en julio de 2021.
Sin éxito, Castillo pretendió en la mañana del 7 establecer un gobierno de excepción, disolver el Congreso e imponer otras medidas de ruptura constitucional y quedó detenido en Lima en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional de Perú.
Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la OEA, condenó las “decisiones contrarias al orden constitucional” adoptadas por Castillo.
Al elogiar “la actuación inmediata de las instituciones” de Perú “en defensa de la democracia” para evitar el “quiebre institucional” y resguardar la vigencia del Estado de derecho, la CIDH destacó “la separación e independencia de los poderes públicos”, en referencia al sistema de justicia en Perú que deberá procesar a Castillo por sus presuntos delitos.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, tuiteó anteayer que Castillo recibió ese día en la Diroes al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, y ratificó su solicitud de asilo. La petición inicial fue entregada en la embajada de México en Lima en la madrugada de ese día, en un documento suscrito por el abogado peruano Víctor Gilbert Pérez Liendo, defensor del ex mandatario.
“Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas”, anunció.
Después de la destitución de Castillo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en su defensa, reiteró en el trasfondo político de la crisis peruana y argumentó que el ahora exgobernante fue víctima de las “élites” peruanas.
“Lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas”, desde el inicio del gobierno legítimo de Castillo “se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra” y “hasta” que lograron destituirlo, señaló López Obrador por diferentes vías.
La cancillería peruana convocó este viernes al embajador Monroy para presentarle una protesta diplomática por la intromisión del gobierno de México en los asuntos internos de Perú por “las expresiones” de López Obrador y de Ebrard sobre “los procesos políticos en el país”.
Sobre las declaraciones de las autoridades mexicanas en torno al “derecho de asilo invocado” por Castillo, la cancillería peruana reportó que “se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen”.
El mensaje de la cancillería de Perú pareció ser una evidente alusión a los términos de la Convención de 1954.
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