Leí un ensayo de José Luis Cea Egaña, exministro del Tribunal Constitucional de Chile. No es reciente su texto —se publicó en 1993—, pero me parece relevante para entender el actual conflicto mexicano entre el poder judicial y los poderes ejecutivo y legislativo.
Pero desde prisión, por favorEl jurista chileno propone llamar principio de separación de funciones y órganos estatales a la que otros denominan teoría de la división de poderes con frenos y contrapesos. No sé si tal precisión terminológica sea necesaria para una discusión más objetiva del tema. Le preguntaré al erudito jurista Javier Quijano, quien me honra con su amistad y tiene paciencia para explicarme estas cosas.
A Quijano le preguntaré también qué es exactamente la heterotutela, palabra que utiliza Cea Egaña en el primer párrafo de su ensayo “Separación de órganos y funciones en el estado contemporáneo”. Cito al abogado chileno que en 1990 participó en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que elaboró el informe Rettig, que reconoció las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet:
“El poder o soberanía es uno e indivisible, aunque son numerosos los órganos que participan en su ejercicio, gobernando al Estado y a las relaciones interestatales. Gobernar en democracia, sin embargo, es mandar y dirigir con legitimidad, exigencia cuyo cumplimiento presupone constatar que ha ocurrido realmente así. El control deviene entonces esencial, admitiendo la autotutela pero, muchísimo más, imponiendo la heterotutela de unos órganos sobre otros”.
Más allá de mi incapacidad para comprender ciertos términos, estoy convencido de que debe haber separación de poderes o de funciones y órganos del Estado porque sigue siendo atendible la advertencia de Hobbes, que el jurista mencionado subraya: “Quien tenga fuerza suficiente para proteger a todos, la tendrá también —en potencia, al menos— para someterlos sin excepción”.
Andrés Manuel López Obrador quiere el poder para:
Son tareas complejas que necesitan eficiencia y que, para realizarlas en un solo sexenio, exigen no perder tiempo. En este sentido no me cuesta trabajo comprender que el poder judicial sea visto por el presidente como un obstáculo: a AMLO le desespera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo decisiones, fundamentales para el titular del poder ejecutivo, como la de llevar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Si eso no es posible, pensará Andrés Manuel, ¿cómo combatir la inseguridad en un país que entró en guerra contra las mafias en 2006 y que, durante seis años, tuvo como estratega y jefe de las operaciones bélicas a un secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que colaboraba con un cártel de las drogas?
El problema radica en que la SCJN es un tribunal constitucional que no puede permitir, ni siquiera por el bien de la patria, que alguno de los poderes del Estado diseñe y ejecute proyectos contrarios a la Constitución.
¿Era contrario a la Constitución llevar la Guardia Nacional a la Sedena? Sí, según una mayoría de ministros y ministras de la corte suprema. Por cierto, entre tales juristas hubo dos que llegaron a la cúpula del poder judicial gracias a que el presidente López Obrador les propuso.
Andrés Manuel tuvo la oportunidad, y no la dejó ir, de cambiar al 36% de la SCJN. Es la verdad, gracias al presidente llegaron a la corte suprema cuatro juristas de su plena confianza. Y ese porcentaje sube a 45% si se considera que, mediante el diálogo, se convenció de que un quinto ministro era también absolutamente confiable.
Pero hablamos de gente con criterio independiente y no de militares entrenados para obedecer. Entonces, en el caso de la Guardia Nacional votaron contra la 4T Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, dos especialistas en derecho que han tenido cercanía con AMLO. Con los votos de otros cinco ministros y la ministra presidenta, se invalidó llevar la GN a la Sedena. A favor del proyecto de Andrés Manuel estuvieron nada más Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Esa es una de las razones que han llevado a AMLO a la conclusión de que se necesita una corte suprema totalmente nueva. Su partido, Morena, no tiene ahora una mayoría suficiente como para lograr la reforma que el presidente quiere y que tiene como punto central establecer que a ministros y ministras se les elija mediante voto popular, que quizá sea una buena idea, pero la rechazan todos los abogados y todas las abogadas que conozco.
En tal propuesta —necesidad para Andrés Manuel— de reformar al poder judicial debe inscribirse la actual crisis de los fideicomisos con los que el Consejo de la Judicatura Federal garantiza derechos laborales de alrededor de 50 mil trabajadores y trabajadoras de más de mil juzgados y órganos administrativos.
No es un problema menor que, por primera vez en la historia —cito lo que hoy dijo Cecilia Soto en su columna de Excélsior— , “la vasta mayoría de integrantes de uno de los tres poderes sale a la calle a marchar en contra de acciones de los otros dos poderes”.
Los trabajadores de un poder, el judicial, están inconformes con quienes encabezan otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo porque estos últimos han decidido extinguir tales fideicomisos. La protesta ahora mismo es solo laboral. Lo subrayo porque es mentira que se trate de trabajadores y trabajadoras a quienes manipula la SCJN o algún líder sindical. Contra lo que piensa AMLO, el enojo es real. He sabido que la dirigencia sindical no quería el paro, pero el personal del poder judicial está indignado, sí, por la posibilidad de que sus prestaciones se reduzcan, pero también porque el presidente ha dicho que quienes trabajan en los juzgados son personas flojas.
¿Posición de la corte suprema? Respetar el derecho a la inconformidad, al paro y aun a la huelga, si la hubiera.
Aprendí hace tiempo, después de haber hecho el ridículo, que la huelga es un derecho muy respetado en las democracias. En 2004, cuando dirigía Milenio, por alguna razón quedé en calidad de responsable, desde México, de la operación de una radiodifusora que el empresario Francisco González adquirió en Madrid.
El entonces gobernador del Estado de México, Arturo Montiel, se enteró de la existencia de tal estación de radio en la capital de España y contrató anuncios para promover a su entidad. Uno de los spots decía que el Edomex era un lugar maravilloso para invertir porque en esa entidad no había huelgas. Pues bien, desde la oficina de comunicación de la mismísima presidencia del gobierno español recibí un atento mensaje: que, para no sufrir una sanción ejemplar, retiráramos tal anuncio porque, así me dijeron, “en una democracia el derecho a la huelga se respeta”. Quedé bastante avergonzado.
¿Le dará pena al consejero de la judicatura federal Alejandro Sergio González Bernabé haber prohibido a sus paisanos trabajadores de los tribunales de Oaxaca salir ayer a protestar?
Una nota muy positiva la dio el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ha sido cercanísimo a AMLO: el jurista salió a la calle en su día de descanso a marchar con trabajadores y trabajadoras del poder judicial.
En la próxima marcha el resto de ministros y ministras deberán también salir a la calles, no solo en solidaridad con las bases trabajadoras, sino en honor a Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, a quien debemos la doctrina de la división de poderes. Dijo: “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que... el poder detenga al poder”.
Hoy, en El Economista, Isaac Katz cita a James Madison, quien pensaba más o menos lo mismo que Montesquieu: “La acumulación de todos los poderes, legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean estas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas, puede decirse con exactitud que constituye la definición misma de la tiranía”.
Estoy convencido de que Andrés Manuel quiere que su partido controle todos los poderes para poder avanzar más rápidamente en las transformaciones, positivas para México, que él ha diseñado. AMLO jamás abusará, lo sé, pero…
El problema es que AMLO se irá. Está bien, Claudia Sheinbaum, si logra cambiar al poder judicial, tampoco abusará porque no está en su naturaleza de demócrata. Pero, ¿y si no hubiese sido Sheinbaum, sino Ebrard, el candidato presidencial de Morena? Horroriza solo pensarlo.
Una evidencia de que la SCJN funciona aceptablemente bien es que se autocontrola y también se ocupa de problemas de la gente.
Se equivocó el ministro Luis María Aguilar Morales al prohibir la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua, pero tan mala decisión fue corregida gracias a una ponencia, con buenos argumentos, de Arturo Zaldívar. Todos en la primera sala de la corte, presidida por Jorge Mario Pardo Rebolledo, estuvieron de acuerdo y le hicieron un gran bien a la nación.
El mismo Aguilar Morales abusó al favorecer a Ricardo Salinas Pliego en un caso escandaloso de impuestos que el empresario no quiere pagar. Corrigieron tan enorme falta dos ministras propuestas por AMLO, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, y un ministro que llegó a la corte gracias a Felipe Calderón, Alberto Pérez Dayán.
Por cierto, la SCJN no solo se ocupa de asuntos de gran relevancia para el gobierno, sino también de problemas de la gente. Debido a algunas sentencias elaboradas por Margarita Ríos Farjat hay bastantes personas a quienes les ha renacido esperanza de que las aseguradoras las tratarán con justicia. Recomiendo la lectura de este artículo de Katia D’Artigues, “Seguros médicos y pcd: el fallo de la SCJN que podría cambiar todo”. Aquí se puede leer.
Columna de Federico Arreola en SDP Noticias
Foto Especial
clh
Vistas: 556
municipiospuebla.mx es un periódico digital de Desarrollo Periodístico Digital S.A. de C.V.
Nuestras oficinas se ubican en Calle 16 sur 2536, Col. Bella Vista, C.P. 72500, Ciudad de Puebla 2223264633 y 2221400098
