En el caso de los adeudos fiscales del empresario Ricardo Salinas Pliego y su empresa Elektra, López Obrador invoca la validez de la resolución del juez porque le conviene y utiliza sentencia en primera instancia porque le favorece. Allí no hubo corrupción ni conspiración conservadora. En el caso de la acción legal del hermano Pío contra el periodista Carlos Loret, le sirve para condenar a la justicia en su conjunto, sin advertir que se trata del poder judicial de la Ciudad de México.
La justicia legal, como toda actividad humana es falible, puede haber error y también corrupción; precisamente por tal consideración las resoluciones se pueden revisar por tribunales de alzada, que pospone la justicia, pero le dan eficacia. Para efectos de resoluciones discutibles por razones diferentes a las estrictamente jurídicas, como la venalidad, existe el Consejo de la Judicatura, instancia disciplinaria. La autonomía del juzgador constituye el principio fundamental de la justicia, no hay jerarquías ni subordinación como desea y pretende López Obrador. Dos son las vías en la mayoría de las resoluciones: la revisión por la instancia superior, o en caso de sospecha de una conducta indebida, proceder ante la instancia disciplinaria.
Que los juzgadores federales sean confiables no significa que la justicia sea eficaz. Pero este problema grave es resultado de muchas consideraciones, la mayoría ajenas al estricto ámbito jurisdiccional. Por ejemplo, en materia penal una deficiente investigación por parte de las fiscalías la vuelve frágil y puede llevar a que un presunto criminal obtenga su libertad por incompetencia de la parte acusadora, no por ser inocente. El juez resuelve a partir del expediente; concederle una amplia discrecionalidad para la suplencia de la queja significaría desnaturalizar su responsabilidad, incluso volverle fiscal o parte.
La impunidad es la herida mayor en el cuerpo nacional; sus implicaciones son múltiples y a ella remiten muchos de los males nacionales como la violencia, la corrupción y la negligencia gubernamental. El problema llama a una cruzada por la legalidad que convoque a todos: poderes públicos, órdenes de gobierno, órganos autónomos y a la sociedad para que cada uno haga su parte.
En la valoración de los tres poderes de la Unión, por mucho el balance favorece al judicial. En el contexto del arrebato populista el Ejecutivo y el Legislativo con singular esmero dan testimonio inequívoco de su deterioro, déficit ético y falta de compromiso con la República.
