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Martes, 17 de Septiembre de 2024

La demolición democrática de fin de sexenio

La demolición democrática de fin de sexenio no es sólo un afán autoritario, se mueve por un instinto de conservación y de impunidad destinado a evitar que se sancionen excesos
Viernes, 13 de Septiembre de 2024 06:57
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Municipios Puebla

Las fases correspondientes al cierre de los periodos de gobierno no siempre han sido ni las más venturosas, ni las más virtuosas; especialmente cuando quienes los presiden se empeñan en detonar un impulso o “sprint de último tramo”, que se vincula, desde luego, a la búsqueda de impactar en las elecciones que deciden la conformación del poder político, por tanto, enmarcándose en la ambición de legar una imagen de éxito y de grandes logros que, conforme a su intensidad, lleva a presionar el gasto público.

¿Claudia apenas va empezando o ya está acabada?Claudia, sagaz y recia. Iván hacía falta. Empieza un gran sexenio. Y el PET scanSin duda que la fase de las crisis sexenales recurrentes de carácter devaluatorio que se vivieron de 1982 a 1994-95, encuentra ahí parte de su explicación. Cierto, la autonomía del Banco de México (1994) rompió ese ciclo, pues desde entonces inició otra etapa, ahora caracterizada por la estabilidad financiera y monetaria; sin embargo, la tendencia del sprint de cierre de sexenio que se retomó en esta administración, palpable en el déficit del 5.9% del PIB en 2024, eleva el endeudamiento del país a una proporción histórica y, por lo pronto, lo proyecta a un nuevo déficit de alrededor del 3% para el año entrante.

Es evidente, se forzó la maquinaria del gobierno tras sus propósitos electorales y de construcción de una imagen de éxito en el que tuvo lugar la presurosa inauguración de obras emblemáticas, sin que, en contraparte, se disponga de datos fehacientes sobre su eficiencia operativa y rentabilidad. Pero el triunfo del partido en el gobierno en los comicios brinda la justificación, y muestra la efectividad de la estrategia empleada para cumplir su anhelo.

Dentro de ese trayecto de continuidad de una fuerza política que se mantiene en el gobierno, pero necesariamente con los matices que le serán propios y lo habrán de caracterizar, viene un tema de gran relevancia, como lo es el relacionado con el legado que la nueva administración habrá de asumir, especialmente conforme al estilo evasivo a la transparencia, el control y la rendición de cuentas. Así, y por mucha continuidad que haya, se inscribe en la agenda el juicio sobre la gestión precedente a partir de reportes y datos que obligadamente habrán de circular; ello, no obstante, la dura reserva para blindar muchos de los actos realizados a partir de declarar buena parte de la información con carácter de reservada por razones de seguridad nacional. Aunque no se entienda la manera de cómo entra ahí la razón de seguridad.

Es evidente que de forma paulatina se irán conociendo aspectos inherentes a una administración que operó con una gran discrecionalidad, y que tuvo entre sus principales prácticas la asignación directa de contratos de servicios y de adquisiciones. Dentro de esa línea tendente a una ponderación más documentada y detenida sobre los actos y decisiones de la administración que está por culminar en unos días, estará presente la voz y opinión de actores nacionales y extranjeros que guardaron discreción sobre prácticas dignas de repudio, pero que en las nuevas condiciones de relevo de gobierno podrán reprocesar sus intereses y reclamos.

Mención aparte merece el tema de la detención en Estados Unidos de líderes de la delincuencia organizada, sin la intervención del gobierno mexicano, y que son portadores de información de gran valía sobre las actividades delictivas y del involucramiento de distintas autoridades en sus diversas órdenes de gobierno en una amplia trama de corrupción que ha vivido a través del tiempo y que alcanza al presente, lo que resulta tremendamente explosivo. Se presenta así un amplio espacio en donde se abre un margen de incertidumbre y vulnerabilidad hacia los juicios posibles sobre el pasado reciente y respecto de la información que pueda circular. Lo cierto es que el Estado ha perdido tramos importantes de control en materia de seguridad y de capacidad para fortalecer su legitimidad jurídica.

Dentro de ese marco encuentra una mejor explicación el desbordado interés del gobierno para aprobar reformas que, por lo pronto, ofrecen mejores márgenes de control y de administración de daños en el proceso del cambio de una administración a otra y de lo que será el inicio de un nuevo período de gobierno. Conforme a esta perspectiva, el móvil que alimenta la reforma judicial y el desmembramiento de los organismos constitucionalmente autónomos no se refiere a lograr mejoras en los ámbitos de actividad que involucra a tales instituciones, sino a derruir contrapesos que introducirían en una dinámica más compleja y politizada el juicio y la evaluación que pueda hacerse sobre la gestión que está por culminar.

El gobierno saliente pide garantías y diseña un blindaje que ponga a salvo su administración y conjure eventuales procesos de demandas que puedan presentarse. La forma de hacerlo es derruir autonomías y contrapesos, concentrar el poder, debilitar la pluralidad política mediante una interlocución con actores y figuras que mina la oposición y que captura o domestica a algunos de sus cuadros.

La demolición democrática de fin de sexenio no es sólo un afán autoritario; ciertamente lo es, pero antes de eso, se mueve por un instinto de conservación y de impunidad destinado a evitar que se sancionen sus excesos. Por eso la idea de desmantelar el poder judicial y reponerlo a través de un sistema de nuevas lealtades y de disciplina a favor del gobierno. Más control, menos equilibrios; más discrecionalidad e impunidad para el gobierno.

La arquitectura del nuevo régimen lleva tiempo de estar en edificación, plantea la confronta de oponentes y su vulneración; el desmembramiento de los partidos que lo antagonizan, la cooptación o anulación política de algunas de sus figuras; construcción de un nuevo desequilibrio a partir de romper los equilibrios y contrapesos que estaban en proceso de consolidación, y construcción de bases sólidas para favorecer una nueva etapa de predominio del partido en el gobierno.

El cierre de la administración pone de manifiesto muchos de sus signos, como lo son su furor reformista, su precipitación deficitaria y su descaro hegemónico.

 

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Columna de Samuel Palma en SDP Noticias

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