Washington, Estados Unidos.— El gobierno del presidente Donald Trump intenta restablecer su estrategia arancelaria después de que la Corte Suprema invalidara en febrero los gravámenes más amplios impuestos sobre las importaciones de numerosos países.
La decisión judicial obligó a la administración a devolver dinero a los importadores que habían pagado esos aranceles y redujo de forma drástica los ingresos que el Tesoro de Estados Unidos había obtenido mediante los impuestos al comercio exterior.
Inundaciones se agravan en Texas y obligan a rescatar a decenas de personasUNICEF urge acelerar la respuesta ante el brote de ébola en CongoTras el fallo, Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para aplicar un arancel global del 10 por ciento. Sin embargo, esa disposición solo permite mantener los gravámenes durante 150 días, por lo que expirarán el próximo 24 de julio.
Para prolongarlos sería necesaria una autorización del Congreso, una alternativa considerada poco probable ante la cercanía de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre y el malestar de los votantes por el elevado costo de vida.
Frente a ese escenario, la administración ha concentrado sus esfuerzos en la Sección 301 de la misma legislación comercial. Esta norma permite imponer aranceles y otras sanciones a países señalados por prácticas consideradas injustificables, irrazonables o discriminatorias.
Trump ya había utilizado este mecanismo durante su primer mandato para aplicar fuertes gravámenes a China. Más recientemente, anunció aranceles del 25 por ciento sobre algunas importaciones procedentes de Brasil, al acusar al país de mantener prácticas comerciales desleales.
Abogados y analistas especializados prevén que el gobierno logrará sustituir los aranceles temporales de la Sección 122 por otros más duraderos bajo la Sección 301 antes de que venza el plazo.
El abogado comercial Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario de las administraciones de Trump y Joe Biden, anticipó que el gobierno volverá a levantar su denominado “muro arancelario”.
La estrategia original de Trump se apoyó en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, conocida como IEEPA, para imponer gravámenes a la mayoría de los países del mundo. El mandatario justificó la medida al considerar los déficits comerciales persistentes como una emergencia nacional.
La Corte Suprema determinó que esa legislación no podía utilizarse para establecer aranceles. El fallo convirtió los gravámenes, al menos temporalmente, en una carga para las finanzas federales debido a los reembolsos ordenados a favor de los importadores.
Los ingresos por impuestos a las importaciones alcanzaron más de 31 mil 400 millones de dólares en octubre. Después de la resolución judicial, disminuyeron a 22 mil millones de dólares tanto en marzo como en abril.
La salida de recursos por concepto de devoluciones terminó superando lo recaudado mediante los nuevos gravámenes. En mayo se registró un déficit de 42 millones de dólares, mientras que en junio la pérdida ascendió a 25 mil 600 millones de dólares.
Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometieron emplear otras facultades legales para recuperar los ingresos perdidos. La Sección 301 les ofrece una opción más estable, aunque obliga al gobierno a cumplir procedimientos como recibir comentarios públicos y celebrar audiencias.
Los aranceles establecidos mediante esta disposición pueden permanecer vigentes durante cuatro años y renovarse posteriormente. Aunque el presidente conserva capacidad para modificarlos, ya no puede aumentarlos, reducirlos o imponerlos de manera inmediata como ocurría bajo la IEEPA.
La incertidumbre generada por los cambios en la política comercial ha preocupado a las empresas, que enfrentan dificultades para planear inversiones y tomar decisiones sin conocer con claridad las reglas que estarán vigentes.
La exfuncionaria comercial Sarah Bianchi, ahora estratega principal de asuntos políticos internacionales en Evercore ISI, consideró que el uso de la Sección 301 podría reducir la incertidumbre, aunque no eliminarla por completo.
La administración impulsa actualmente dos investigaciones de gran alcance bajo ese mecanismo. Una de ellas acusa a 60 países, responsables del 99 por ciento de las importaciones estadounidenses, de no adoptar medidas suficientes para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzado.
La segunda investigación analiza si 16 socios comerciales, entre ellos China, la Unión Europea y Japón, producen bienes en exceso, reducen los precios internacionales y colocan a los fabricantes estadounidenses en desventaja.
En el caso relacionado con el trabajo forzado, el representante comercial Jamieson Greer propuso aplicar aranceles del 10 por ciento a 16 países y del 12.5 por ciento a otros 44. Las tasas serían iguales o ligeramente superiores al gravamen global que reemplazarían.
La oficina de Greer continúa recibiendo observaciones del público y aún no ha puesto en vigor las medidas. No obstante, el abogado Nathaniel Halvorson, socio de Baker McKenzie y exfuncionario comercial, estimó que los nuevos aranceles podrían comenzar a aplicarse antes del vencimiento de la Sección 122.
La investigación sobre la presunta sobreproducción todavía no concluye. Majerus calcula que el gobierno podría proponer gravámenes más elevados dentro de uno o dos meses, posiblemente con una entrada en vigor posterior a las elecciones legislativas.
Trump, quien se ha definido como el “Hombre de los Aranceles”, mantiene su intención de recuperar los impuestos globales a las importaciones que estableció en 2025. Sin embargo, especialistas advierten que emplear la Sección 301 para crear gravámenes prácticamente universales podría provocar nuevas impugnaciones judiciales.
Bianchi señaló que esta herramienta ha demostrado solidez legal en casos anteriores, pero advirtió que nunca se ha utilizado para establecer un sistema arancelario de alcance mundial, por lo que la nueva estrategia podría volver a ser examinada por los tribunales.
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