
En medio del debate creciente sobre migración y seguridad fronteriza, las autoridades de Estados Unidos dieron un nuevo paso para rastrear el movimiento de dinero que pudiera estar ligado a redes criminales. La instrucción, emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), obliga a supervisar con mayor rigor las transferencias de dinero consideradas inusuales, especialmente aquellas que podrían estar vinculadas con migrantes en situación irregular, tráfico humano o lavado de activos.
La alerta fue dirigida a las Money Services Businesses (MSB), es decir, empresas dedicadas al envío de dinero, cambio de divisas, cheques y pagos electrónicos. Estas compañías deberán intensificar el monitoreo de operaciones que, por su volumen, frecuencia o destino, levanten sospechas de estar conectadas con actividades ilícitas.
Convocatoria para titular de ASE cierra este 28 de noviembre; van 5 candidatos Últimos días para que transporte público en Puebla cumpla con la Revista VehicularDe acuerdo con la FinCEN, los envíos de bajo o mediano monto son los que más llaman la atención de las autoridades, pues suelen ser utilizados por redes de coyotaje y estructuras de lavado de dinero para evitar que los sistemas bancarios detecten movimientos más grandes. El patrón, señalan, es fragmentar los pagos para pasar desapercibidos.
La agencia explicó que esta medida surge a partir de una orden del presidente Donald Trump, quien ha insistido en reforzar los mecanismos de control financiero como parte de su estrategia para combatir la migración irregular y lo que su gobierno califica como amenazas a la seguridad nacional.
El gobierno estadounidense ha venido utilizando la vía financiera como uno de los frentes principales para frenar a organizaciones transnacionales. Con estas advertencias se busca que los MSB colaboren más activamente, reporten cualquier irregularidad y, en general, cierren el paso a flujos de dinero que puedan sostener operaciones criminales.
La FinCEN recordó que ya se habían implementado medidas extraordinarias en Arizona, California y Texas, donde se exigió a ciertos negocios reportar transacciones en efectivo desde montos más bajos que los requeridos normalmente. El objetivo fue ampliar la capacidad de detección en zonas donde existe mayor flujo migratorio y presencia de redes que operan cerca de la frontera.
Estas acciones han permitido recopilar más información y detectar patrones regionales, pero también han generado críticas de organizaciones civiles que temen que personas que envían dinero legítimo puedan enfrentar procesos más complicados o retrasos innecesarios.
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