Washington, Estados Unidos.— El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció una campaña diplomática dirigida a debilitar y eventualmente desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que acusó de amenazar la soberanía de su país.
La estrategia impulsada por el Departamento de Estado contempla presionar a los aliados de Washington para que rechacen las actuaciones del tribunal y consideren abandonar la institución. Rubio sostuvo que la Corte pretende ejercer autoridad sobre militares y funcionarios estadounidenses, pese a que Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado mediante el cual se creó la CPI.
Detectan por primera vez un azúcar en el espacio interestelarBasílica de Guadalupe nombra nuevo rector tras señalamientos por manejo de limosnasEntre las medidas planteadas se encuentra prohibir la entrada a territorio estadounidense a integrantes de la Corte, además de ampliar las sanciones contra sus funcionarios y contra organizaciones relacionadas con sus actividades.
La campaña también buscará que los países beneficiados por el respaldo de seguridad de Estados Unidos se pronuncien abiertamente contra las iniciativas de la CPI. Para ello, la administración estadounidense convocará a embajadores y representantes de gobiernos extranjeros con el propósito de exponer los señalamientos formulados contra el tribunal.
Washington advirtió que someterá a un mayor escrutinio a las naciones que continúen reconociendo la autoridad de la Corte mientras reciben asistencia estadounidense. La medida pretende incrementar la presión política y diplomática sobre los países que permanecen dentro del organismo.
La administración del presidente Donald Trump ya había impuesto sanciones a altos funcionarios de la CPI por investigaciones relacionadas con presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán, así como por acciones emprendidas contra autoridades de Israel, uno de los principales aliados de Washington.
Rubio acusó a la Corte de intentar convertirse en una autoridad internacional sin mecanismos suficientes de rendición de cuentas. También aseguró que el gobierno utilizará los recursos disponibles y buscará el respaldo de sus aliados para reducir progresivamente la capacidad de actuación del tribunal.
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Foto: Especial
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