ICE flexibiliza normas de detención migratoria en beneficio de contratistas

Washington.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos flexibilizó sus normas de detención, lo que permitirá a contratistas que operan instalaciones migratorias apoyarse con mayor amplitud en herramientas de inteligencia artificial para comunicarse con personas detenidas y mantener restricciones en el pago por trabajos considerados voluntarios.

De acuerdo con el ICE, los cambios fueron realizados para “reducir la carga” de los operadores de centros de detención, incluidos contratistas privados con fines de lucro y cárceles que alojan a personas bajo custodia migratoria.

Especialistas advirtieron que las nuevas reglas podrían dar mayor margen operativo a los contratistas, disminuir costos y limitar responsabilidades legales, aunque señalaron que difícilmente mejorarán las condiciones de las cerca de 60 mil personas detenidas actualmente.

Michelle Brane, exombudsman del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, consideró que la medida podría deteriorar condiciones que ya han sido cuestionadas. Afirmó que los cambios van en línea con una reducción de la supervisión y de los mecanismos de rendición de cuentas dentro del sistema de detención migratoria.

Las modificaciones se anuncian en un contexto de señalamientos contra centros del ICE por muertes bajo custodia, presunta negligencia médica, alimentación deficiente y otras condiciones consideradas inhumanas. Además, ocurren después de que la agencia recibiera una parte importante de un paquete de gasto de 70 mil millones de dólares destinado a la aplicación de leyes migratorias, firmado por el presidente Donald Trump.

El investigador de salud pública Sanjay Basu, quien ha estudiado muertes bajo custodia del ICE, señaló que algunas disposiciones representan avances en materia de prevención del suicidio y atención a la salud mental. Sin embargo, advirtió que el sentido general de las reformas apunta hacia estándares más débiles para una población detenida cada vez mayor.

El ICE sostuvo que las revisiones buscan simplificar sus reglas y acercarlas a estándares más flexibles, similares a los utilizados por el Servicio Federal de Alguaciles de Estados Unidos para personas recluidas en cárceles mientras esperan juicio. La agencia indicó que, para tomar la decisión final, consideró comentarios de los operadores, así como criterios operativos, legales y de política pública.

Uno de los puntos que más preocupa a expertos es el uso de inteligencia artificial en comunicaciones consideradas no críticas o informales con las personas detenidas. La norma permite emplear herramientas como traducción automática o IA generativa para interacciones durante el ingreso, conversaciones en áreas de alojamiento o respuestas a quejas y preocupaciones.

El doctor Homer Venters, especialista en atención médica dentro de centros penitenciarios, advirtió que este cambio podría reducir el acceso a servicios de interpretación y traducción presenciales o telefónicos. También señaló que muchas quejas pueden contener información urgente relacionada con la salud de las personas detenidas, por lo que consideró alarmante que no quede claro si algunas evaluaciones médicas o de salud mental podrían gestionarse mediante IA.

El ICE aseguró que las normas obligan a los contratistas a proporcionar servicios de interpretación y traducción sin costo para los detenidos.

Otro cambio señalado por especialistas impide que los operadores rechacen el ingreso de cualquier persona enviada por el ICE. De acuerdo con expertos, esto podría provocar que instalaciones sin capacidad adecuada reciban a detenidos con enfermedades graves o discapacidades antes de solicitar un traslado a otro lugar, proceso que podría tardar varios días.

En materia laboral, las nuevas reglas establecen que las personas detenidas que participen en programas de trabajo voluntario no son consideradas empleadas y, por lo tanto, no tienen derecho a salario mínimo ni prestaciones.

Dora Schriro, exdirectora de la Oficina de Política y Planificación de Detención del ICE durante el gobierno de Barack Obama, calificó esta disposición como un beneficio para los contratistas privados. Durante años, defensores de personas detenidas han argumentado en demandas que estos programas, en los que se paga incluso un dólar por día, equivalen a trabajo forzado.

Otro ajuste prohíbe a las instalaciones pagar por encima del monto histórico de un dólar diario, algo que antes era permitido y que había sido utilizado como argumento en litigios contra contratistas, según Carmen Iguina Gonzalez, especialista en detención migratoria de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.

Claire Trickler-McNulty, exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE, consideró que la agencia podría aprovechar el aumento presupuestal para mejorar las condiciones dentro de los centros de detención, en lugar de reducir estándares. Señaló que el objetivo de las nuevas reglas parece ser facilitar la operación de las cárceles, más que fortalecer la atención y la experiencia de las personas bajo custodia.