Ciudad de México.— El Gobierno de México anunció que presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y diversas fiscalías estatales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos que se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que las acciones legales responden a la preocupación de las autoridades mexicanas por posibles violaciones a los derechos humanos cometidas durante operativos migratorios y dentro de centros de detención estadounidenses.
Buques de la Armada de México llevan 388 toneladas de ayuda a VenezuelaCofepris alerta por cinco playas de México no aptas para nadarLa decisión representa un paso adicional frente a las notas diplomáticas, debido a que el gobierno mexicano buscará que las autoridades de Estados Unidos investiguen los fallecimientos y determinen si existe responsabilidad penal, civil o administrativa por parte de agentes o empresas encargadas de las instalaciones.
En el ámbito federal, las denuncias podrían apoyarse en el Título 18, Sección 242, del Código de Estados Unidos, disposición que contempla sanciones contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando privan deliberadamente a una persona de sus derechos.
De acuerdo con la información presentada, cuando el abuso provoca lesiones o implica el uso de un arma peligrosa, la pena podría alcanzar hasta 10 años de prisión. En los casos que deriven en una muerte, secuestro o intento de homicidio, las sanciones pueden aumentar hasta la cadena perpetua y, bajo determinados supuestos legales, la pena capital.
Las fiscalías estatales también podrían intervenir cuando los hechos hayan ocurrido dentro de centros de detención ubicados en su territorio. Entre los posibles delitos se encuentran el homicidio por negligencia criminal y el homicidio involuntario, dependiendo de la conducta del personal y de las condiciones que provocaron el fallecimiento.
Un caso de negligencia podría configurarse cuando los responsables de un centro omiten proporcionar atención médica básica a una persona enferma y esa falta de asistencia provoca su muerte. El homicidio involuntario podría analizarse cuando el personal actúa de manera temeraria, pese a conocer el riesgo para la vida del detenido.
Las familias de las víctimas, con respaldo de los consulados mexicanos, también podrían promover demandas civiles contra las compañías privadas que administran centros de reclusión. Para ello tendrían que acreditar que existía un deber de cuidado y que su incumplimiento fue determinante en la muerte del ciudadano mexicano.
Otra herramienta mencionada son las cartas de cese y desistimiento, mediante las cuales se advierte formalmente a los directivos de una instalación que determinadas prácticas podrían incumplir las condiciones mínimas de salud y seguridad. Si las irregularidades continúan, podrían solicitarse medidas contra la operación de los centros.
Cuando las denuncias describen posibles violaciones sistemáticas, las víctimas o sus familiares podrían recurrir a una demanda colectiva. Este mecanismo permitiría agrupar casos con características similares en un solo procedimiento contra el ICE o contra la empresa responsable del centro de detención.
México también podría intervenir mediante la figura jurídica conocida como amicus curiae, con la presentación de información, evaluaciones médicas y testimonios destinados a demostrar ante un tribunal que los abusos no corresponden a hechos aislados, sino a un posible patrón institucional.
Además de los procedimientos internos en Estados Unidos, los casos podrían ser llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta instancia puede revisar posibles afectaciones a la integridad personal y al derecho de recibir un trato humano durante la detención.
Aunque la CIDH no tiene facultades para imponer directamente una pena de prisión a un agente, puede emitir medidas de protección y formular recomendaciones relacionadas con los protocolos de detención, la atención médica y las condiciones de las instalaciones migratorias.
La presentación de las denuncias buscará establecer si existieron actos de fuerza excesiva, omisiones médicas, negligencia o condiciones inadecuadas que hayan contribuido a la muerte de los 17 connacionales, así como definir las responsabilidades correspondientes.
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Foto: Especial
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