Boston, Estados Unidos.— Un tribunal federal de apelaciones mantuvo el bloqueo a una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba crear una lista federal de votantes elegibles y restringir el envío de boletas por correo a quienes aparecieran en ese registro.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la decisión que impide aplicar las medidas en 23 estados y el Distrito de Columbia, cuyos gobiernos presentaron una demanda antes de las elecciones legislativas de noviembre.
Genevieve alcanza categoría 4 frente a las costas del Pacífico mexicanoIrán mantendrá tregua si EU continúa pausa en sus ataques militaresLa orden ejecutiva, emitida por Trump en marzo, instruía al Servicio de Ciudadanía e Inmigración y a la Administración del Seguro Social a crear una lista de personas consideradas ciudadanas y aptas para votar.
También ordenaba al Servicio Postal entregar boletas por correo únicamente a quienes estuvieran incluidos en ese registro.
El presidente defendió la medida como un mecanismo para evitar que personas sin ciudadanía estadounidense participaran en las elecciones. Sin embargo, autoridades electorales estatales advirtieron que el sistema podía prestarse a errores, abusos y confusión durante el proceso electoral.
Funcionarios demócratas de los estados demandantes sostuvieron que la orden era inconstitucional, al señalar que la regulación de las elecciones corresponde a los estados y al Congreso, no al Poder Ejecutivo.
La jueza federal Indira Talwani, designada durante la administración de Barack Obama, respaldó ese argumento y suspendió la implementación de la orden para los comicios del 3 de noviembre, aunque el fallo únicamente protege a las entidades que participaron en la demanda.
El gobierno de Trump apeló la decisión, pero el tribunal confirmó el bloqueo y rechazó la posibilidad de aplicar las restricciones al voto por correo en los estados involucrados.
El Departamento de Justicia informó que analiza sus alternativas legales y expresó confianza en que la orden ejecutiva pueda ser validada en una instancia posterior.
La resolución mantiene abierto el conflicto entre la Casa Blanca y los gobiernos estatales sobre el alcance de la autoridad presidencial en materia electoral y sobre los mecanismos utilizados para verificar la ciudadanía de los votantes.
