Hermosillo, Sonora.— A 17 años del incendio en la Guardería ABC, familiares de las víctimas denunciaron que las condenas dictadas por la tragedia son “irrisorias” y señalaron que aún hay personas sentenciadas que no han ingresado a prisión.
Durante la conmemoración realizada este viernes, las familias recordaron a los 24 niños y 25 niñas que murieron el 5 de junio de 2009. También reiteraron sus críticas al proceso judicial, al que consideran largo e irregular, pues hasta ahora tres personas cumplen condena y seis más siguen pendientes de ser encarceladas.
Australia suma cuarto ataque mortal de tiburón en 2026La OMS confirma casi 500 casos de ébola en África CentralPatricia Duarte Franco, integrante del Movimiento Cinco de Junio y madre de uno de los menores fallecidos, informó al término de la marcha anual que Sandra Lucía Téllez Nieves, Noemí López Sánchez y Roberto Copado Gutiérrez ya se encuentran en prisión. Sin embargo, señaló que Antonio Salido Suárez, Fausto Salazar Gómez, Jorge Luis Melchor Islas, Martín Francisco Lugo Portillo, Arturo Dávila Pacheco y Arturo Torres Escalante aún no han ingresado a un centro penitenciario.
De acuerdo con Duarte Franco, Roberto Copado Gutiérrez fue internado recientemente en el Centro Federal de Reinserción Social número 11, luego de haber sido detenido en Estados Unidos el año pasado. El exdirector de Protección Civil de Hermosillo fue señalado por la firma de documentos que permitieron la operación de la guardería sin que cumpliera con las condiciones adecuadas.
La condena impuesta a Copado Gutiérrez fue de 5 años y 7 meses de prisión, pena que las familias consideran insuficiente. Noemí López Sánchez, quien estaba a cargo de las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, cumple una sentencia de 8 años, 10 meses y 15 días. Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la estancia infantil, también fue condenada a 5 años y 7 meses, tras ser detenida en Estados Unidos y extraditada el año pasado.
Otros condenados, entre ellos otro socio, dos bomberos señalados por negligencia y tres funcionarios de Hacienda, incluido el director, permanecen en libertad pese a sentencias individuales que van de 4 años y 9 meses a 5 años y 7 meses.
Las familias también cuestionaron que los políticos señalados en distintos momentos del caso hayan sido deslindados. Afirmaron que, pese al paso de los años, la búsqueda de justicia continúa y que el proceso no está cerrado.
Duarte Franco sostuvo que la educación inicial debe ser asumida directamente por el Estado mexicano y no quedar en manos de empresarios que, según dijo, ven en las hijas e hijos de trabajadores y familias vulnerables una oportunidad de negocio con menor inversión.
El activista explicó que se mantiene el trabajo con el gobierno federal en torno a un proyecto relacionado con ese planteamiento, iniciado desde comienzos de 2025. Además, señaló que siguen en curso diligencias para buscar una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sea vinculante para los países de la Organización de los Estados Americanos.
Con esa vía legal, las familias buscan avanzar hacia garantías de no repetición y abrir la posibilidad de llevar ante la justicia a funcionarios y otras personas que formaron parte de los 22 imputados originalmente, de los cuales la mayoría fue absuelta.
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Foto: Especial
djs
