La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó los resultados de las auditorías aplicadas a municipio del estado de Puebla, entre los que destaca Chiconcuautla al reprobar en la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) correspondiente al ejercicio fiscal 2012, mientras que las administraciones de Huauchinango y Tlaola fueron aprobadas pero “con salvedad” por presentar subejercicios, gasto en otros rubros, opacidad y cuentas por aclarar.
Saqueos, deudas y cuentas por pagar hallan ediles en los municipiosEn completa calma, se realiza el cambio de gobiernos en la región de TexmelucanLa administración de Noé Garrido Hernández fue dictaminada como “negativo” por inconsistencias e irregularidades registradas en el manejo de los recursos federales, por lo que la ASF solicitó el reintegro de 5 millones 598 mil 300 pesos.
Lo anterior, luego de una auditoría aplicada al gasto de 26 millones 365 mil 800 pesos, que representan el 77.9 por ciento del total de recursos otorgados por la federación mediante este fondo para el municipio de Chiconcuautla, mismos que ascendieron a 33 millones 838 mil 300 pesos.
El documento publicado este jueves, destaca el uso de 3 millones 454 mil 900 pesos de una aportación que el municipio realizó al Gobierno del Estado para la construcción de un camino con una longitud de 10.2 kilómetros; de los cuales, de acuerdo con lo establecido en el acta de entrega-recepción de la obra, sólo se ejecutaron 500 metros, sin que exista evidencia del beneficio obtenido ni del convenio firmado con el Estado.
De esta obra inconclusa el Estado tuvo que reintegrar 3 millones 40 mil 900 pesos por no haber sido aplicados; sin embargo, la ASF observó el faltante de los intereses determinados por el tiempo que estuvieron sin utilizarse dichos recursos y que calculó en 161 mil 200 pesos, por lo que consideró un probable daño o perjuicio o ambos, a la Hacienda Pública Federal.
A la lista de irregularidades cometidas por la administración de Garrido Hernández sobre los recursos del mismo fondo, se suman 676 mil 800 pesos que fueron transferidos también al Gobierno del Estado de Puebla con cargo al Programa de Desarrollo Institucional, sin que contara con la evidencia de los beneficios, resultados a obtener y documentación que compruebe las acciones implementadas con dicho gasto.
Asimismo, al Auditoría Superior de la Federación detalla un subejercicio de 1 millón 290 mil 800 pesos de los recursos del fondo al 31 de diciembre de 2012; falta de transparencia y rendición de cuentas, así como el destino preferente a obras de urbanización sobre las de infraestructura básica.
En total la ASE realizó 13 observaciones al ex presidente municipal de Chiconcuautla, de las cuales 7 fueron solventadas antes de la integración del informe, mientras que las 6 restantes generaron una solicitud de aclaración, dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
De esta forma, de los 5.5 millones de pesos a recuperar, el organismo informó que 3 millones 40 mil 900 pesos fueron operados y que están en proceso de ser verificados para su correcta aplicación, mientras que 2 millones 557 mil 400 pesos corresponden a recuperaciones probables. Agrega que 1 millón 291 mil pesos están aún por aclarar.
Huauchinango y Tlaola, aprobados con salvedad
En el caso de Huauchinango, las cuentas del ex edil Omar Martínez Amador referentes al FISM del 2012 fueron aprobadas por la Auditoría Superior de la Federación pero “con salvedad”, esto tras revisar el ejercicio de 38 millones 823 mil 600 pesos que representan el 71.6 por ciento de los 54 millones 208 mil 100 pesos recibidos por la federación en este rubro.
“Se comprobó la existencia de debilidades en las actividades de control que impiden la adecuada administración de los principales riesgos en el logro de los objetivos y metas planteados por el fondo, lo que generó la inobservancia de la normativa que lo rige y la incorrecta transparencia en el ejercicio del gasto”, destaca.
La auditoría arrojó que la administración no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, principalmente al destino de 1 millón 169 mil 400 pesos en una obra que no benefició a sectores de la población en condiciones de pobreza extrema y rezago social; 1 millón 50 mil 300 pesos aplicados en la compra de mini laptops para estudiantes del nivel medio superior, una acción que no se encuentra en los rubros previstos en la Ley de Coordinación Fiscal; así como el uso de 1 millón 574 mil 600 mil pesos del rubro de gastos indirectos que no se corresponden con la naturaleza del gasto, así como la falta de atención a las localidades más necesitadas de infraestructura básica.
De igual forma, la gestión de Daniel Flores Ramírez en el Tlaola fue aprobada “con salvedad”, luego de revisar el gasto de 16 millones 421 mil 900 pesos que representan el 78.2 por ciento de un total de 21 millones 5 mil 500 pesos que le fueron entregados para infraestructura social.
La Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de Tlaola cumplió con las disposiciones excepto por el uso de medio millón de pesos en una obra que no benefició a sectores de la población en condiciones de pobreza extrema y rezago social; así como 600 mil pesos aplicados en una acción que correspondió a una aportación al programa “abonando el futuro del campo poblano”, concepto que no se encuentra en los rubros, así como la falta de atención a las localidades más necesitadas de infraestructura básica, por lo que la contribución del fondo al objetivo de la política pública fue parcial.
La publicación presentada en la página digital de la ASF, también abordó los casos de Cuetzalan del Progreso, Puebla, Tehuacán, Vicente Guerrero y Zacapoaxtla las cuales no pudieron ser revisadas porque el Congreso del Estado no las ha aprobado.
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