Denuncian a juez por actos de corrupción en Izúcar

Izúcar de Matamoros.- Ismael de Gante López, juez de lo Penal y de lo Civil de ambos juzgados en Izúcar de Matamoros,  fue denunciado en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por 5 delitos. Esta denuncia se suma a la presentada en el Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, en el mes de octubre del 2018, por el mismo denunciante.

Con retrasos, reconstrucción de templos en IzúcarVecinos impiden reconstruir barda que tiró el municipio de TilapaEn esta segunda denuncia también aparece como denunciado Víctor Reyes Aguilar, quien funge como secretario de Acuerdos en dicho juzgado. La denuncia en contra de esta segunda persona también se realiza por actos de corrupción.

Las acusaciones se realizaron con base en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Los dos funcionarios fueron señalados por incurrir en presuntos delitos como actos de corrupción, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber, delitos cometidos en cuanto a la administración e impartición de justicia y lo que se derive.

El denunciante en la penúltima hoja del documento asienta que “ahora bien el juez y secretario suspenden ilegalmente mis derechos de convivencia cometiendo hechos que pudieran constituir algún acto delictivo”, por ello, el demandante asienta que con base en los artículos 147, 156, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, sean suspendidos en sus funciones o de sus  encargos, dichos funcionarios,  para que no se vean entorpecidas las investigaciones de su caso, así como en otros asuntos que pudieran ventilarse en estos juzgados.

Ismael de Gante López tiene las dos denuncias, debido a que emitió la sentencia para que el promovente pudiera tener comunicación, visita y convivencia con su pequeño hijo, sin embargo, esta no se ha hecho efectiva, desde el año 2015, pese a las denuncias y señalamientos, que ha realizado.

En el mes de octubre de 2018, en el Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla, el mismo promovente, presentó la denuncia de manera particular bajo el número de expediente  CJ481/2018, pero éste fue canalizado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Foto: Lidchy Cano

cdch

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