Las cuatro personas que fueron detenidas por la Policía Estatal en el enfrentamiento registrado en la Vía Atlixcáyotl, rindieron este jueves sus declaraciones en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Dirección Metropolitana Sur, la cual en las próximas horas ejercitará acción penal por las agresiones contra policías estatales y lesiones causadas a un menor de edad.
Cuarenta policías lesionados y cinco manifestantes detenidos en ChalchihuapanVive Chalchihuapan horas de tensión tras enfrentamiento con policíasMediante un comunicado de prensa la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó que inició la averiguación previa 468/2014/DMZS, en contra de Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tacalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras, alias “El Borracho”, por su probable responsabilidad en los delitos de ataques a la vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, lesiones, daño en propiedad ajena doloso, motín, privación ilegal de la libertad, homicidio en grado de tentativa y robo.
Asimismo señaló que “los hoy detenidos fueron plenamente identificados por elementos de la Policía Estatal Preventiva como los mismos que los habrían agredido, asimismo la madre del menor de 13 años que se encuentra hospitalizado, reconoce también a uno de los detenidos, como el mismo que lanzó uno de los cohetones que lesionaron a su hijo”.
La madrugada del jueves el Ministerio Público aseguró durante la negociación con pobladores que ninguno de los manifestantes estaba en calidad de detenido, pero tampoco quiso informar en qué hospitales se encontraban para que sus familiares fueran por ellos.
Confiando en la versión de las autoridades, la comunidad decidió entregar al elemento de la policía estatal que mantenían retenido en la clínica de la comunidad, con la esperanza de que al amanecer se reanudara el diálogo.
Alegan que no trataron de bloquear la autopista
El líder del movimiento social Los de Abajo, Vladimir Luna Porquillo, dijo que las detenciones se dieron alrededor de las 13 horas del miércoles, cuando los habitantes de Santa Clara Ocoyuca, Atzala, Santa Isabel Cholula y San Bernardino Chalchihuapan se manifestaban sobre la autopista Puebla –Atlixco.
En entrevista con e-consulta, explicó que los manifestantes no trataron de bloquear la autopista, sino marchar hacia la capital para demandar al gobierno y el Congreso que se reforme la Ley Orgánica Municipal a fin de que la expedición de las actas de nacimiento, defunción y matrimonio, vuelvan a tramitarse en sus comunidades.
Luna Porquillo aseveró que la reforma aprobada en diciembre de 2013 por la LVIII Legislatura, fue una decisión “unilateral” en la cual no se consultó a los “pueblos”, por lo que ahora el Congreso y el gobierno de Rafael Moreno Valle debe de entender la necesidad de los habitantes de las 611 juntas auxiliares.
El líder de Los de Abajo no descartó que ante la negativa que muestran la administración estatal y el poder legislativo de modificar la Ley Orgánica Municipal, los presidentes auxiliares que conforman la Coordinadora Estatal de la Defensa e Identidad de los Derechos de los Pueblos, hagan uso de sus derechos constitucionales y se amparen.
Tensión e incertidumbre en Chalchihuapan
Este jueves las calles de San Bernardino Chalchihuapan volvieron a la actividad diaria, bajo un clima tenso, en el que sólo se comentaba el enfrentamiento de la jornada anterior durante el que 40 policías estatales resultaron lesionados, así como un menor de edad a quien le explotó un artefacto en la cara.
Los familiares de los cinco detenidos buscaron apoyo en sus autoridades a fin de dar con su paradero, pero conforme pasaron las horas la incertidumbre era mayor, ante los rumores de presuntas órdenes de aprehensión contra los líderes comunitarios.
“La cosa no es tan bonita como nos la pintaron” afirmaron las autoridades de Chalchihuapan al hacer el recuento de la negociación de la madrugada.
Aunque esperaban que el diálogo se reanudara con el gobierno del estado, éste ya no volvió a dar apertura.
Contradice madre de menor lesionado a la PGJ
Aunque la Procuraduría General de Justicia (PGJ) informó la noche del miércoles que la madre del menor de 13 años lesionado en el enfrentamiento, había confirmado que la lesión ocurrió por la explosión de un explosivo lanzado por los manifestantes, este jueves la señora presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH) en la que responsabilizó de la agresión a los elementos de la Policía Estatal.
Así lo confirmó el organismo, al dar a conocer que el menor fue visitado la noche del miércoles por el personal de la Comisión, a fin de conocer su situación y diagnóstico médico.
"Como parte de las diligencias realizadas por visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (...) este organismo recabó la queja de la madre", quien "describió la forma en que ocurrieron los hechos, por lo que señaló a la Policía Estatal como la autoridad responsable de la agresión donde resultó lesionado su hijo", informó la CDH.
La institución indicó que el diagnóstico médico forma parte de la queja de oficio, identificada con el número de folio 2475, con la cual dará continuidad a la investigación iniciada de oficio por los hechos, con el fin de determinar cuáles fueron las violaciones a derechos humanos que se cometieron.
Formal prisión a detenidos en Tehuacán
Tras nueve días de recabar pruebas y evidencias contra los pobladores y el presidente auxiliar de Cuayucatepec, Manuel Guillermo Morales, el juez primero de lo penal dictó este jueves el auto de formal prisión en contra de los manifestantes, quienes quedaron recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán.
Miguel Ángel Romero Calderón, síndico municipal de Tehuacán, aclaró que el auto de formal prisión no quiere decir que estas personas quedarán presas o ya estén sentenciadas, ya que todavía tienen el beneficio de recobrar su libertad bajo caución.
Para ello, dijo, interpusieron desde el sábado pasado un amparo para que sea un juez federal el que impongan los montos de las fianzas, toda vez que las estipuladas en Puebla son muy elevadas.
Al alcalde subalterno se le requirió 440 mil 550 pesos, a Ramón Hernández Ramírez 345 mil 200 y a los cuatro restantes, 271 mil 600 pesos, siendo un total de cauciones de alrededor de 2 millones de pesos.
* Con información de Diana Jiménez, María Pineda y Felipe P. Mecinas
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