Puebla, Pue.- Que la dirigente nacional de Morena avale la insólita ampliación del periodo de gobierno del mandatario electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años, aun después de ser votado en las urnas, debe prender señales de alarma en el grupo de asesores de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien puede ser removida del ayuntamiento con la misma sangre fría con que los diputados bajacalifornianos modificaron su Constitución.
Claudia Rivera, en últimos lugares del Ranking Nacional de AlcaldesReprueban a Claudia Rivera en Encuesta Nacional de SeguridadEl ala dura del barbosismo subraya la persistencia de dos problemas que se han vuelto argumentos fundamentales para insistir en una medida que considera drástica pero definitiva para resolver el asunto de raíz.
Uno de ellos tiene que ver con las diferencias políticas de Rivera Vivanco con el gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, exhibidas primero en la contienda electoral de 2018 y confirmadas un año después, en tiempos de precampaña interna, cuando la alcaldesa y algunos miembros de su familia colaboraron con el senador y también aspirante a jefe del Poder Ejecutivo, Alejandro Armenta Mier.
Esas diferencias se mantienen y son insalvables, según se afirma.
El otro problema, que ya se anticipaba, se cristalizó el 2 de junio, cuando Barbosa y Morena perdieron la contienda de gobernador en los cuatro distritos federales de la ciudad de Puebla, como consecuencia del rechazo y la mala opinión de una mayoría de los electores en torno al desempeño del (ya ni tan) nuevo ayuntamiento.
Estos dos elementos aportan justificaciones políticas y sociales al discurso de esa ala dura que insiste en la medida de recomposición más radical.
Un sector menos áspero del barbosismo sugiere incrustar personajes afines al próximo mandatario en posiciones clave de la administración municipal, como se pretende hacer con Manuel Alonso García en la secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, no con el fin primario de poseer el control sobre Rivera Vivanco, sino con el objetivo de mejorar el gobierno, atender las demandas ciudadanas y dar un vuelco en la percepción social que se tiene acerca de él.
El siguiente referéndum ocurrirá en los comicios intermedios de 2021, con la renovación de diputados y presidentes municipales, y el gobernador electo sabe que tiene que corregir lo que sus compañeros de coalición han hecho mal para no volver a sufrir un descalabro en la zona metropolitana.
Hasta ahora los moderados han ganado terreno sobre los radicales.
Ellos sostienen que basta con una intervención quirúrgica, realizada con microscopio y sin grandes exaltaciones, para lograr el objetivo.
Rechazan la salida forzada de Rivera Vivanco por considerarla un acto de excesiva fuerza que lastimaría la pretendida pulcritud democrática del partido.
Eso pudo haber cambiado, sin embargo, en la última semana, con los condenables acontecimientos de Baja California.
Yeidckol Polevnsky no solo no impidió que Jaime Bonilla Valdez ampliara el plazo de gobierno para el que fue electo, sino que lo defendió.
La dirigente nacional de Morena señaló que esa extensión de mandato la pidieron los ciudadanos, quienes, según ella, expusieron que dos años de gobierno son muy poco tiempo, y luego manifestó, también en defensa de su correligionario, que es una locura hacer una elección cada dos años. Así lo dijo.
Traslade usted eso al caso Puebla.
La misma dirigente anunció este domingo en la capital del estado, donde clausuró junto con Miguel Barbosa un foro político con representantes de 10 países de América Latina, que ella y el partido harán un análisis del gobierno de Rivera Vivanco para saber en qué ha fallado, dada la mala evaluación ciudadana que pesa sobre él y el revés electoral del mes pasado.
Polevnsky, que estará en la presidencia del Movimiento Regeneración Nacional por lo menos hasta noviembre, no mintió en sus apreciaciones.
Ahora imagine un futuro cercano, con un juicio de revocación de mandato en proceso, “fundamentado” en ese rechazo social que se manifestó en las urnas el 2 de junio.
“Lo pidieron los ciudadanos”, sostendrá Polevnsky en ese hipotético escenario.
“Es una locura mantener a un mal gobernante”, rematará.
La propuesta de los radicales ya no es imposible.
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El gobernador Guillermo Pacheco Pulido y el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Estefan Chidiac, concretaron un logro que beneficiará a las arcas públicas en el mandato de Miguel Barbosa.
La dependencia a cargo de Estefan evitó que el SAT cobrara al estado un importe de dos mil millones de pesos por supuestas contribuciones omitidas y un crédito fiscal heredado por el gobierno de Rafael Moreno Valle.
Además, mediante un juicio que el titular de Finanzas promovió a través de la Procuraduría Fiscal, se liberó una reserva de contingencia por 525 millones de pesos que estarán a disposición del nuevo gobierno.
Columna A puerta cerrada de El Sol de Puebla
Fotografía archivom
clh
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