Más de 3 mil personas dejarían la cárcel en Puebla si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) elimina la prisión preventiva oficiosa, indicó este martes Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación a nivel federal.
Histórico: CIDH ordena a México eliminar la prisión preventiva oficiosaPide Céspedes a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosaEsta cifra representa la quinta más alta en el país, después del Estado de México con 21 mil 718, Jalisco con 8 mil 342, Veracruz con 4 mil 554 y Michoacán con 3 mil 315.
A nivel nacional se estima que son 67 mil 877 personas las que estarían en condiciones de dejar la prisión, por lo que envió una carta a todos los ministros para reconsiderar el proyecto que plantea la eliminación de esta figura, según lo recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Detalló que los presuntos delincuentes en prisión preventiva en el país están acusados de:
Homicidio 11,639
Secuestro 7,149
Violación 5,617
Narcotráfico y narcomenudeo 4,013
Portación de armas o explosivos 3,800
Feminicidio 1,405
Pederastia, abuso infantil y corrupción de menores 1,273
Delincuencia organizada 445
La funcionaria federal pidió a los ministros respetar la Constitución, la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar el riesgo de eliminar la prisión preventiva oficiosa y que valoren el problema de fondo, como lo es la tardanza las resoluciones de asuntos.
Agregó que la liberación de personas pondría en riesgo a testigos y víctimas que los han acusado, a policías, personal de las Fiscalías, juzgadores y a la población en su conjunto.
Asimismo atentaría contra la seguridad nacional porque están asociados a grupos del crimen organizado, implica un alto riesgo de fuga y una carga excesiva de trabajo para las fiscalías y juzgados.
Aseveró que ningún tribunal extranjero puede ordenar a México modificar la Constitución o su manera de gobierno, por lo que toca a la SCJN defender la Constitución.
Dijo que los ministros se “excederían” al regular la Constitución, ya que solo es el Congreso -diputados y senadores-, con dos terceras partes y la ratificación de los Congresos estatales, los que pueden hacer cambios constitucionales, o de lo contrario la Corte sería el “gran poder de los poderes”.
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Foto: especial
gse
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