A partir de hoy, 29 de marzo de 2025,se implementará en todo el país una medida que cambiará la forma en que los estudiantes se alimentan dentro de las escuelas. En un esfuerzo por combatir la obesidad infantil y promover hábitos alimenticios más saludables, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha decidido prohibir la venta de comida chatarra en todos los planteles educativos del país, tanto públicos como privados.
No somos monarcas, somos servidores: Armenta en sus 100 días de gobiernoSEP contabiliza 35 casos de bullying en primarias y secundarias de PueblaEsta decisión, que se enmarca dentro de un conjunto de reformas para mejorar la salud infantil, fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, recibiendo la ratificación en el Diario Oficial de la Federación. Según el titular de la SEP, Mario Delgado, esta medida será clave para garantizar que los niños y adolescentes tengan acceso a una alimentación más nutritiva, libre de productos procesados que contribuyen a problemas de salud como la obesidad y enfermedades relacionadas.
La medida responde a una situación alarmante en el país: el incremento de la obesidad infantil. Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) revelan que alrededor de 15 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años sufren de sobrepeso u obesidad, una problemática que afecta no solo la salud física de los menores, sino también su bienestar emocional y social. Las autoridades mexicanas buscan poner freno a esta crisis, incentivando una alimentación saludable dentro de los planteles.
Dentro de las disposiciones establecidas, se detallan los productos que no podrán venderse en las escuelas. Entre ellos se encuentran:
Por otro lado, la SEP ha propuesto opciones más saludables para los estudiantes. Entre los alimentos y bebidas permitidos destacan:
Las escuelas tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a estos cambios en sus cooperativas y cafeterías. Aunque la medida se presenta como un paso importante para mejorar la salud pública, no está exenta de desafíos. Algunos planteles podrán encontrar dificultades logísticas y económicas para hacer frente a los nuevos lineamientos. Aquellas instituciones que incumplan las normas podrían enfrentar sanciones económicas que van desde los 10,900 hasta los 109,000 pesos mexicanos, con la posibilidad de duplicarse en caso de reincidencia.
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