En un avance legislativo que ha sacudido al país, el Congreso de Nuevo León aprobó recientemente tipificar el acecho como un delito, impulsado por el trabajo incansable de Valeria Macías, activista que fue víctima de acoso sexual durante varios años. Esta reforma, conocida como la “Ley Valeria”, es una respuesta a la realidad que muchas mujeres enfrentan en el día a día, un primer paso para frenar lo que muchos consideran el preludio de crímenes más graves, como los feminicidios.
Aunque el cambio legislativo en Nuevo León es un hito importante, no es el único estado donde el acecho ha sido tipificado. Actualmente, cuatro entidades federativas en México, además de Nuevo León, han decidido criminalizar este acto: Coahuila, Guanajuato y Tamaulipas. En estos estados, el acecho ya no es una simple infracción, sino un delito con consecuencias legales claras. La pena por este crimen varía entre seis meses y dos años de cárcel, con una multa económica que depende de la legislación local. Sin embargo, en Guanajuato la pena mínima es de tres meses, lo que marca una ligera diferencia con respecto a las demás entidades.
Este avance legislativo responde a una dura realidad denunciada por muchas víctimas, entre ellas Valeria Macías, quien ha sido vocal sobre el hecho de que muchos feminicidios comienzan con el acoso constante hacia las víctimas. Según Macías, el acecho es una forma de violencia que en muchas ocasiones no se toma en cuenta hasta que es demasiado tarde. "Cuando las autoridades finalmente intervienen, ya puede ser muy tarde para salvar a las víctimas", aseguró en varias entrevistas. De ahí la importancia de considerar el acecho como un crimen independiente que se puede abordar antes de que la violencia se escale.
El camino para que el acecho sea considerado delito en todo el país sigue siendo largo. Aunque algunos estados ya han dado el primer paso, a nivel federal la situación no ha avanzado mucho. En enero de 2023, la diputada Verónica Martínez García presentó una propuesta ante el Congreso de la Unión para que el acecho sea penalizado también a nivel nacional. De acuerdo con su propuesta, el castigo sería similar al de los estados donde ya se ha tipificado, es decir, entre seis meses y dos años de prisión, además de una multa económica. Si el acoso resulta en daño físico o psicológico a la víctima o su familia, la pena podría llegar hasta los cinco años de cárcel. Sin embargo, hasta el momento, la propuesta sigue estancada.
Mientras tanto, los estados que ya han aprobado la tipificación del acecho como delito siguen siendo una excepción en un panorama nacional donde el acoso y la violencia de género son aún minimizados. Aunque las leyes han avanzado en algunos lugares, el desafío es que estos cambios lleguen a todas las entidades y que se logre un sistema de justicia más efectivo para proteger a las mujeres de una violencia que a menudo se ignora hasta que es demasiado tarde.
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