A partir del 24 de marzo de 2025, el gobierno de Venezuela ha implementado un cambio significativo en la jornada laboral del sector público, como parte de un esfuerzo para mitigar los efectos de la crisis energética que afecta al país. Debido a la escasez de agua y el impacto del calentamiento global, que ha afectado el funcionamiento de las represas hidroeléctricas, los trabajadores públicos deberán cumplir con un horario reducido de 4 horas y 30 minutos diarias durante seis semanas. Sin embargo, las instituciones encargadas de servicios esenciales estarán exentas de esta medida.
Se realizan estudios para implementar troncal de RUTA sobre Vía AtlixcáyotlZelensky pide crear plan para el despliegue de tropas europeas en Ucrania La reforma al horario laboral establece que los empleados del sector público trabajarán únicamente de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. durante este período. Esta reducción es considerable, pues la jornada estándar en Venezuela es de 8 horas diarias. El gobierno también ha adoptado un sistema denominado 1×1, que consiste en alternar un día de trabajo con un día de descanso, con el fin de reducir la demanda de electricidad en las oficinas gubernamentales.
Este cambio en la jornada, aunque tiene como fin enfrentar la crisis energética, ha generado incertidumbre sobre los efectos que podría tener en los servicios públicos. Los ciudadanos podrían experimentar demoras en la atención en áreas como la emisión de documentos oficiales, trámites bancarios y otros servicios administrativos.
El recorte de horas laborales podría tener un impacto directo en los salarios de los empleados públicos, lo que agudizaría la ya compleja situación económica en el país. La reducción de horas de trabajo, unida a la inflación y los ajustes salariales, podría afectar aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos que dependen del sector público.
Por otro lado, aunque la medida busca reducir el consumo de energía en el ámbito gubernamental, los expertos sugieren que la medida también podría reflejarse en una baja productividad, ya que muchas tareas no podrían completarse dentro de las horas asignadas, generando posibles retrasos en los trámites.
Las autoridades han hecho un llamado a la población para implementar medidas que contribuyan a reducir el consumo energético. Entre las recomendaciones se destacan:
Este tipo de medidas se enmarcan en los esfuerzos por optimizar el uso de los recursos energéticos del país, cuya producción está siendo severamente afectada por las condiciones climáticas adversas, que han incrementado la sequía y reducido el nivel de los embalses.
La crisis energética en Venezuela no es algo nuevo. Durante los últimos años, el país ha enfrentado racionamientos eléctricos y problemas en la infraestructura del sistema eléctrico, especialmente después de la crisis sanitaria de 2020, que exacerbó las deficiencias en el sector. A pesar de los esfuerzos por atraer inversiones extranjeras para mejorar las plantas generadoras de energía, problemas como la falta de mantenimiento y la corrupción siguen siendo obstáculos importantes para una solución duradera.
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