
La propuesta para incorporar un sello o etiquetado adicional en los medicamentos destinados al sector público ha encendido alertas dentro de la industria farmacéutica, que advierte posibles complicaciones en los procesos de producción e incluso limitaciones técnicas para aplicarlo en ciertos productos.
Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), señaló que la medida se encuentra actualmente en revisión dentro de mesas de trabajo entre el sector privado y autoridades federales, donde se analizan los alcances y posibles ajustes a la iniciativa.
Netanyahu podría recibir apoyo de Trump rumbo a elecciones israelíesDenuncian fraude millonario por boletos para la inauguración del Mundial 2026De acuerdo con el representante del organismo, la principal preocupación radica en que la inclusión de un distintivo adicional podría afectar la manufactura de algunos medicamentos debido al tamaño de sus presentaciones o a las condiciones específicas de empaque. En ciertos casos, explicó, el espacio físico no sería suficiente para incorporar una etiqueta adicional sin modificar el diseño del producto.
La discusión ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara públicamente que los medicamentos adquiridos por el Gobierno de México deberán incluir un sello identificable. El objetivo de esta medida, según ha señalado, es reforzar el control sobre la distribución de fármacos y evitar su venta irregular fuera de instituciones de salud.
También se ha mencionado que el etiquetado busca reducir posibles desvíos de medicamentos adquiridos con recursos públicos hacia canales no autorizados, un problema que ha sido señalado en distintas etapas del sistema de salud.
Desde la industria farmacéutica, sin embargo, se ha insistido en la necesidad de evaluar alternativas técnicas que permitan cumplir con los objetivos de control sin afectar la cadena de producción ni generar retrasos en el abasto. Canifarma ha planteado que existen mecanismos tecnológicos y de trazabilidad que podrían resultar más eficientes para combatir la distribución ilegal de medicamentos.
Las conversaciones entre ambas partes continúan en curso, con el propósito de definir un esquema que garantice tanto la seguridad en el manejo de medicamentos como la viabilidad operativa para los laboratorios.
En paralelo a este debate, la industria farmacéutica reportó avances en la regularización de pagos pendientes por parte del gobierno federal. De acuerdo con Gual, se han sostenido mesas de conciliación con el sistema IMSS-Bienestar, en las que se han revisado adeudos relacionados con facturación correspondiente a 2025.
El monto conciliado hasta el momento asciende a aproximadamente 7 mil millones de pesos, recursos que se encuentran en proceso de liberación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aunque el sector reconoce avances en la liquidación de adeudos, aún existen pendientes por cubrir, particularmente facturas en proceso de validación por parte de las empresas proveedoras, así como pagos rezagados de ejercicios anteriores que abarcan de 2022 a 2024. Estos compromisos financieros sumarían alrededor de 4 mil millones de pesos adicionales.
Las mesas de trabajo entre autoridades y la industria continúan activas con el objetivo de clarificar montos, tiempos de pago y mecanismos de liquidación, en un esfuerzo por reducir tensiones en la cadena de suministro del sector salud.
Otro de los temas abordados por el representante de Canifarma fue la próxima compra consolidada de medicamentos e insumos médicos. De acuerdo con su evaluación, existe actualmente una mejor coordinación con las autoridades federales, lo que permitiría una planeación más ordenada de las adquisiciones.
El sector considera que el tiempo disponible será clave para organizar la compra de principios activos y garantizar el suministro oportuno de medicamentos a partir de enero de 2027.
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