El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado federal presentó una acusación contra dos ciudadanos mexicanos señalados por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de metanfetamina hacia territorio estadounidense, además de otros delitos relacionados con el uso de armamento de alto poder y el respaldo a una organización catalogada por ese país como terrorista.
Los imputados fueron identificados como Juan José Farías Mendoza, de 31 años, e Israel Vega Farías, de 37, ambos originarios del municipio de Tepalcatepec, Michoacán. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los dos mantienen vínculos familiares con Juan José Farías Álvarez, conocido como "El Abuelo", a quien señalan como uno de los principales dirigentes de Cárteles Unidos.
Gobierno estatal apuntala liderazgo y soberanía tecnológica con YankuilotlReino Unido emite alerta de viaje para aficionados que visitarán MéxicoSegún la acusación, los mexicanos habrían participado en una conspiración para distribuir metanfetamina con destino al mercado estadounidense. Además, enfrentan cargos por presuntamente proporcionar apoyo material a una organización considerada terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos y por el supuesto uso de armas de alto calibre, entre ellas ametralladoras y otros artefactos destructivos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que Cárteles Unidos, con presencia en Michoacán, mantiene una capacidad de producción de metanfetamina que le permite fabricar varias toneladas de esta droga cada mes. Asimismo, señalaron que la organización habría desarrollado una red de distribución con operaciones en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago.
El Departamento de Justicia también indicó que las investigaciones apuntan a que la presunta red de distribución tendría alcance internacional, con operaciones que se extenderían a otros mercados, incluidos algunos países de Europa y Australia.
En caso de que un tribunal determine su responsabilidad penal, los dos acusados podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua, de acuerdo con la legislación estadounidense aplicable a este tipo de delitos. No obstante, las autoridades precisaron que la acusación representa el inicio del proceso judicial y que los señalados conservan su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.
La acción judicial forma parte de la estrategia impulsada por el gobierno de Estados Unidos para perseguir a los grupos dedicados al tráfico de drogas y afectar sus estructuras de mando. Esta política se fortaleció luego de que, en febrero de 2025, Cárteles Unidos fuera incluido por las autoridades estadounidenses en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, una clasificación que amplía las herramientas legales para investigar y procesar a presuntos integrantes o colaboradores.
La designación permite a las autoridades federales presentar cargos adicionales contra personas que, de acuerdo con las investigaciones, financien, apoyen o colaboren con las actividades de estos grupos criminales, además de facilitar el desarrollo de investigaciones patrimoniales y de cooperación internacional.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han informado sobre acciones relacionadas con esta acusación presentada en Estados Unidos, mientras el proceso judicial continuará en las instancias federales de ese país.
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