
La exjueza del condado de Milwaukee, Wisconsin, Hannah Dugan, fue sentenciada a pagar una multa de 5 mil dólares, luego de ser declarada culpable por obstrucción de la justicia al facilitar la salida de un migrante mexicano de una sala judicial para evitar que fuera detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Durante la audiencia de sentencia, el juez federal Lynn Adelman determinó que la exfuncionaria no deberá cumplir una pena de prisión, al considerar que el episodio representó un error aislado dentro de una trayectoria de servicio público. El juzgador señaló que Dugan actuó motivada por su desacuerdo con las políticas migratorias vigentes, aunque reconoció que su decisión fue contraria a la ley.
El agua alcanzó hasta 30 centímetros dentro de locales de Plaza Zavaleta tras inundacionesExdirector de Pemex enfrenta proceso tras denuncia por violencia familiarLa exjueza, de 67 años, fue declarada culpable en diciembre de obstrucción de la justicia, después de que un jurado concluyera que intervino para retrasar la actuación de agentes migratorios. Sin embargo, fue absuelta del cargo relacionado con ocultar a una persona para impedir su arresto, una acusación de menor gravedad.
Los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2025, cuando elementos del ICE acudieron al tribunal del condado de Milwaukee para detener a Eduardo Flores Ruiz, un ciudadano mexicano de 31 años, quien debía comparecer por un proceso estatal relacionado con una presunta agresión. Las autoridades migratorias sostenían que el hombre había reingresado a Estados Unidos de manera irregular tras una deportación previa.
De acuerdo con la investigación, Hannah Dugan cuestionó la presencia de los agentes federales dentro del edificio judicial y les indicó que acudieran con la autoridad administrativa del tribunal. Mientras tanto, permitió que Flores Ruiz abandonara la sala acompañado de su abogado a través de una puerta utilizada normalmente por el jurado.
Pese a ello, los agentes localizaron al mexicano cuando salía del inmueble, lo siguieron y finalmente lograron detenerlo después de una breve persecución a pie. Días más tarde, agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a la entonces jueza dentro del propio tribunal, un hecho que generó un amplio debate sobre los límites entre la actuación del Poder Judicial y las facultades de las autoridades migratorias.
Durante el juicio, la defensa argumentó que Dugan actuó para preservar el orden y la seguridad dentro de la sala, además de seguir protocolos internos relacionados con la presencia de agentes federales en instalaciones judiciales. También sostuvo que el proceso penal tenía un trasfondo político en medio de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
Al emitir la sentencia, el juez Adelman tomó en cuenta que la exjueza ya enfrentó diversas consecuencias derivadas del caso, entre ellas la pérdida de su cargo, una condena penal y amenazas que la obligaron a cambiar su vida cotidiana y alejarse de actividades públicas.
Por su parte, la Fiscalía federal insistió en que ningún integrante del Poder Judicial puede interferir con la aplicación de la ley, al considerar que la conducta de Dugan rebasó las atribuciones de su cargo. En contraste, sus abogados sostuvieron que el castigo recibido hasta ahora resulta suficiente y confirmaron que apelarán la condena por obstrucción de la justicia.
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