A poco más de un mes del arranque formal del proceso electoral 2026-2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a posponer la discusión sobre los lineamientos que buscan regular los procesos internos de los partidos políticos, mediante los cuales se perfilan posibles candidaturas para los comicios del próximo año.
El tema permanece pendiente desde marzo, cuando integrantes del Consejo General del INE advirtieron que las fuerzas políticas ya habían comenzado actividades relacionadas con la selección de aspirantes sin que existieran reglas específicas para supervisarlas. Desde entonces, el debate se ha centrado en definir cómo deberán fiscalizarse estos ejercicios y si algunos de los recursos utilizados deben contabilizarse como gastos de campaña.
Anuncia SSP de Puebla proceso de depuración en corporaciones municipales Reconoce Seguridad Pública narcomenudeo a cargo de menores en PueblaDurante la sesión del Consejo General celebrada este jueves, las consejerías expusieron diferentes posturas sobre la conveniencia de aprobar de inmediato la regulación o aplazar nuevamente su análisis. Mientras algunos argumentaron que corresponde al Poder Legislativo establecer este tipo de disposiciones, otros señalaron que primero es necesario abrir una mesa de diálogo con los partidos políticos para construir un consenso.
La propuesta, presentada por el consejero Jorge Montaño, planteaba que los recursos destinados a estos procesos internos fueran registrados como gastos ordinarios de los partidos y no como gastos de precampaña o campaña, salvo que una autoridad electoral determine la existencia de actos anticipados de campaña.
El proyecto también contempla restricciones para evitar que estas actividades se conviertan en una promoción abierta hacia el electorado. Entre ellas destaca la prohibición de utilizar tiempos oficiales en radio y televisión para difundir propaganda relacionada con las contiendas internas, bajo el argumento de que estos procedimientos están dirigidos únicamente a la organización partidista y no a la ciudadanía en general.
No obstante, esta postura no es compartida por todos los integrantes del Consejo General. El consejero Arturo Castillo ha sostenido desde hace varios meses que los recursos utilizados en estos procesos deberían contabilizarse como gastos de campaña cuando exista una relación directa con la promoción de aspirantes, ya que ello permitiría evaluar con mayor precisión un posible rebase de los topes de gasto establecidos por la legislación electoral.
Durante la discusión, Castillo solicitó inicialmente retirar el proyecto al considerar que las modificaciones propuestas no habían sido analizadas a profundidad entre las consejerías ni en las comisiones correspondientes. Posteriormente respaldó la postura de otros integrantes del Consejo para que el tema fuera debatido en la sesión, aunque finalmente la mayoría optó por diferir nuevamente su resolución.
La falta de una decisión definitiva también provocó reacciones entre los representantes de los partidos políticos. Diversos actores señalaron que los procesos internos ya están en marcha y que la ausencia de reglas específicas genera incertidumbre sobre la manera en que serán fiscalizados.
Marco Baños, representante de Somos México y exconsejero electoral, afirmó que el organismo electoral está actuando con retraso frente a una realidad que ya ocurre dentro de los partidos, al señalar que mientras continúa la discusión, las actividades para definir candidaturas avanzan sin un marco regulatorio aprobado.
Representantes del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y PAZ coincidieron en expresar inconformidad porque, aseguraron, varias de sus observaciones no fueron incorporadas al proyecto que se discutía.
Hacia el final de la sesión, el debate se desvió hacia otros temas políticos cuando representantes de Morena y de Somos México intercambiaron señalamientos relacionados con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, luego de que el representante de este último partido calificara al exmandatario como un "preso político", en referencia a las investigaciones que enfrenta por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal.
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