Desde el “supremo tribunal“ de la presidenta, el debate dejó de centrarse en las pruebas que eventualmente debería valorar un juez y pasó a redes sociales y medios de comunicación, donde se juzga a través de las opiniones de quienes están en contra o a favor del exgobernador de Baja California o del gobierno que lo inculpa, pero donde la mandataria ya ha juzgado y sentenciado.
Las recientes reformas al Poder Judicial y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa han modificado de manera profunda el equilibrio entre el ciudadano y el Estado.
López Dóriga confiesa que se vendía al PRI y al PANUNAM, en bandeja de plataEl derecho al amparo, considerado durante años como una de las mayores aportaciones del derecho mexicano al constitucionalismo moderno, era el instrumento que permitía al ciudadano defenderse de los actos arbitrarios de la autoridad y garantizaba que nadie pudiera ser privado de su libertad o de sus derechos sin un debido proceso.
Hoy, que las posibilidades de recurrir al juicio de amparo se han visto severamente limitadas, basta la imputación de determinados delitos para que una persona pueda ser privada de su libertad sin haber sido juzgada.
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa, prácticamente otorga facultades discrecionales al gobierno de la República para detener y encarcelar sin que el inculpado pueda apelar al amparo o al criterio de presunción de inocencia.
El caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, lo ilustra. Acusado de presuntamente participar en una red de huachicol fiscal, sin mediar un juicio, ni mucho menos una sentencia, se encuentra recluido en un penal de alta seguridad y su situación jurídica, desde el primer momento, se convirtió en tema central de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin que la opinión pública conociera detalle de las pruebas o el desarrollo del proceso judicial, desde la máxima tribuna del gobierno se habló de la existencia de “muchísimas pruebas” aportadas por la Fiscalía General de la República. La presidenta explicó que Ruffo Appel era identificado como principal accionista de la empresa investigada y que esta simulaba importar otros productos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a los combustibles.
La misma dinámica que en el caso de la gobernadora de Chihuahua, quien fue señalada desde la mañanera en medio de investigaciones por la presunta actuación de autoridades estadounidenses en territorio mexicano. Y de paso, la presidenta aprovechó para cuestionar a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón por expresar su respaldo a la mandataria estatal.
En contraste, de personajes como Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de delincuencia organizada, huachicol fiscal y corrupción, y con una solicitud de extradición, la presidenta aseguró que no existían pruebas para que la FGR armara una carpeta de investigación. Un trato completamente distinto en casos que han ocupado espacios en la discusión pública.
Mientras unos son objeto de constantes señalamientos desde la tribuna presidencial, otros son defendidos argumentando que no existen elementos para proceder en su contra.
Algo similar ocurrió con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ha sido mencionado reiteradamente en las mañaneras como prófugo de la justicia. Para sus simpatizantes, se trata de una persecución derivada de sus denuncias sobre el llamado huachicol fiscal; para sus detractores, de la consecuencia natural de investigaciones judiciales. Una discusión que se ha llevado en Palacio Nacional más que en los tribunales.
Lo cierto es que el debate público parece sustituir al proceso judicial, mientras la Fiscalía General de la República, la institución facultada para investigar delitos y presentar las pruebas correspondientes ante los jueces no avanza conforme al debido proceso para determinar responsabilidades.
De manera cada vez más frecuente, las conferencias mañaneras se convierten en el espacio donde se presentan acusaciones, se exponen argumentos y se construyen narrativas sobre culpabilidad o inocencia mucho antes de que exista una resolución definitiva.
Lo que hoy se vive en México se asemeja a dos etapas de la historia internacional que son una vergüenza para la humanidad: la Santa Inquisición que se dedicó a perseguir a la herejía con la intención de suprimir doctrinas contrarias a la fe católica; y con Adolf Hitler y el Tribunal Popular (Volksgerichtshof), creado en 1934 específicamente para juzgar casos de “traición a la patria” y delitos políticos.
Al final, en México se sustituyó el debido proceso por la condena política desde el tribunal presidencial, al puro estilo de Torquemada.
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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias
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