En distintos niveles de la administración pública federal, un total de 27 servidores públicos fueron sancionados tras detectarse conductas irregulares que van desde faltas administrativas menores hasta casos considerados de mayor gravedad, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las medidas incluyen inhabilitaciones, suspensiones y multas económicas, siendo el caso más severo el de tres funcionarios de Alimentación para el Bienestar, quienes recibieron una inhabilitación de 10 años y una multa conjunta superior a 777 millones de pesos, por el presunto uso indebido de recursos destinados a programas sociales.
Lluvias dejan afectaciones materiales en Ciudad Serdán; no hay pérdidas humanas Congreso de Puebla recibe solicitud para investigar y destituir a alcaldesa de Acatlán de OsorioDe acuerdo con el reporte oficial, este conjunto de sanciones forma parte de revisiones internas a diversas dependencias federales donde se identificaron actos contrarios a la normatividad administrativa vigente.
En el desglose de casos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sancionó a un trabajador de la División de Distribución Zona Torreón con un año de inhabilitación y una multa de aproximadamente 9 mil pesos, tras ser acusado de recibir dinero para eliminar adeudos de energía eléctrica en 2023.
Por otro lado, en la Secretaría de Gobernación (Segob), un servidor público adscrito al Instituto Nacional de Migración (INM) fue inhabilitado por un año y multado con mil 380 pesos, luego de ser señalado por la sustracción de bienes propiedad de la institución en 2021.
En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se impuso una inhabilitación de un año a un médico de la Unidad Médica Familiar 178 en Jalisco, tras determinarse que realizó estudios de rayos X de pelvis sin contar con la autorización de la paciente en 2022.
Además de estas faltas consideradas graves, la Secretaría detalló que también se aplicaron sanciones por irregularidades administrativas menores, en su mayoría consistentes en suspensiones temporales. Entre ellas destaca una suspensión de tres meses en el IMSS, luego de que un trabajador falsificara la firma de un superior para justificar una ausencia laboral.
La dependencia subrayó que todas las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. No obstante, aseguró que, en caso de apelaciones, las decisiones serán defendidas con base en la evidencia recabada y conforme a los procedimientos legales establecidos.
Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos a través del portal denuncias.gob.mx, como parte de los mecanismos de control y vigilancia institucional.
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