El uso de la pena capital en Estados Unidos volvió a tomar relevancia dentro de la política federal luego de que el Departamento de Justicia (DOJ) autorizara una nueva serie de procesos en los que fiscales buscan condenas de muerte para acusados de distintos delitos.
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno federal aprobó al menos 42 solicitudes de juicio con pena de muerte en 34 casos, una cifra que ya supera los procesos registrados durante su primera administración, cuando se impulsaron 38 procedimientos en cuatro años, de acuerdo con una investigación publicada por The Intercept.
Con 508 proyectos de obra comunitaria, Gobierno del Estado impulsa bienestarArranca la feria de Atlixco 2026 con música, tradición y acceso a todosEl aumento de estos casos representa un cambio en la estrategia federal frente a la aplicación de la pena capital, después de que la administración anterior redujera la presentación de nuevas solicitudes de este tipo.
La política ha sido promovida por integrantes del Departamento de Justicia, entre ellos la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto interino Todd Blanche, quienes han respaldado la búsqueda de nuevas sentencias de muerte en determinados casos.
Entre las prioridades establecidas por la Fiscalía General se encuentran investigaciones relacionadas con el asesinato de agentes del orden, delitos considerados capitales cometidos por personas extranjeras en situación migratoria irregular, integrantes de pandillas y casos vinculados con tráfico internacional de drogas.
Además, el DOJ ordenó revisar expedientes en los que la administración del expresidente Joe Biden decidió no solicitar la pena de muerte. Tras el análisis de cientos de casos, los fiscales presentaron nuevas solicitudes en una cantidad limitada de expedientes.
La investigación de The Intercept señala que aproximadamente 73 por ciento de los acusados en estos nuevos procesos son personas de color, principalmente personas negras.
El dato se suma al debate sobre las diferencias raciales dentro del sistema judicial estadounidense, un tema que ha sido documentado durante años por organizaciones civiles, investigadores y especialistas en justicia penal.
Los casos autorizados involucran acusaciones por delitos considerados graves, entre ellos homicidios múltiples, ataques armados y crímenes relacionados con grupos delictivos.
Durante su primer mandato presidencial, Donald Trump también impulsó el uso de la pena de muerte a nivel federal. En los últimos meses de ese periodo, su administración llevó a cabo una serie de ejecuciones que marcaron un incremento en la aplicación de esta sanción.
En aproximadamente seis meses, durante la pandemia de covid-19, fueron ejecutadas 13 personas en la prisión federal de Terre Haute, Indiana, una cifra que representó un repunte de las ejecuciones federales después de años con menor actividad.
En contraste, la administración de Joe Biden suspendió en gran medida las nuevas solicitudes de pena capital y realizó la conmutación de 37 sentencias de muerte antes de concluir su mandato.
Con la llegada de nuevos funcionarios al Departamento de Justicia, la administración Trump difundió el informe “Restaurar y fortalecer la pena de muerte federal”, elaborado por la Oficina de Política Jurídica.
El documento plantea medidas para ampliar la aplicación de la pena capital y modificar procedimientos con el objetivo de reducir los tiempos para ejecutar sentencias una vez que concluyan los procesos legales.
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