La reciente incautación de mercancía a un vendedor ambulante en este Pueblo Mágico encendió el debate entre ciudadanos y autoridades al confrontar la aplicación de normativas locales con el derecho al trabajo en el espacio público.
El hecho ocurrió hoy en el marco del denominado “Miércoles Solidario” un acuerdo comunitario, a propósito del COVID 19, impulsado en la colonia Álvaro Obregón sede del tianguis regional, que establece la suspensión de actividades comerciales informales durante ese día con el argumento de privilegiar la convivencia vecinal, el orden urbano y el descanso de los residentes.
Anuncia Armenta incremento a 2 mil mdp en presupuesto para bachilleratos en PueblaLa controversia surgió luego de que un habitante cuestionara públicamente la presencia de comerciantes en la vía pública: “¿No se supone que hoy es miércoles solidario? ¿Por qué hay ambulantes?”. Ante ello, la respuesta oficial fue contundente: “Se realizó el decomiso de la mercancía”, confirmando la intervención de la autoridad municipal.
El decomiso dividió opiniones. Por un lado, vecinos respaldaron la medida al considerar que responde a acuerdos previamente establecidos para mantener el orden y evitar la saturación de calles una problemática recurrente en zonas con alta actividad comercial y turística como Atlixco que recibe más de 1.2 millones de visitantes al año.
Sin embargo, otro sector de la población criticó la acción al señalar que podría representar una vulneración al derecho al trabajo de quienes dependen del comercio informal para subsistir. En Atlixco, de acuerdo con datos del INEGI, más del 57% de la población ocupada se desempeña en el sector comercio y servicios lo que evidencia la relevancia de estas actividades en la economía local.
El comercio ambulante ha sido históricamente un tema complejo para los gobiernos municipales. La necesidad de equilibrar el ordenamiento urbano, la movilidad y la imagen turística con la realidad económica de cientos de familias genera tensiones constantes.
Autoridades locales han implementado operativos y reglamentaciones para controlar esta actividad apoyándose en las normativas correspondientes que establece sanciones para quienes incumplen disposiciones sobre uso de la vía pública.
No obstante, especialistas en desarrollo urbano señalan que las medidas restrictivas deben ir acompañadas de alternativas viables para los comerciantes como espacios regulados o programas de formalización, a fin de evitar conflictos sociales y garantizar derechos fundamentales.
El incidente de este miércoles no sólo evidenció la aplicación de una normativa local, sino que reabrió una discusión más amplia sobre la convivencia entre el orden público y la economía informal en Atlixco.
Mientras la autoridad sostiene la legalidad de sus acciones, la ciudadanía continúa debatiendo en redes y espacios públicos si estas medidas son justas o excesivas en un municipio donde el comercio, formal e informal, forma parte esencial de su dinámica cotidiana.
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Foto Lena Velázquez
LMR
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