México rechaza acusaciones de la DEA y niega protección a los cárteles

Ciudad de México.- El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones del administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien afirmó que existe una supuesta relación entre los cárteles del narcotráfico y las autoridades mexicanas.

Mediante una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad sostuvo que los señalamientos del funcionario estadounidense carecen de sustento y no corresponden con los resultados presentados por México en el combate a las organizaciones criminales.

La respuesta fue difundida después de que Cole participara en la primera Cumbre Estados Unidos Libre de Fentanilo, realizada en Orlando, Florida. Durante su intervención, el titular de la DEA aseguró que los cárteles y el Gobierno mexicano mantienen una “conexión mortal” e incluso afirmó que ambos “son uno mismo”, aunque no presentó pruebas públicas para respaldar sus declaraciones.

El Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, defendió una política de cero impunidad basada en inteligencia, investigación y coordinación con las autoridades estatales.

De acuerdo con el documento, las acciones federales han permitido detener a líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a distintas organizaciones criminales, sin distinción entre grupos.

Como parte de la Operación Enjambre y otros despliegues, más de 80 servidores y exservidores públicos fueron detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones. El Gobierno federal consideró que estos resultados demuestran que no existe protección para quienes participan en actividades ilícitas.

La tarjeta informativa señala que, desde el inicio de la administración y hasta el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 582 personas. En el mismo periodo, las autoridades aseguraron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga.

Entre los narcóticos decomisados se encuentran 2 mil 363 kilogramos de fentanilo y más de 5 millones de pastillas de esa sustancia. Además, fueron inhabilitados 2 mil 627 laboratorios clandestinos y zonas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas.

Durante su discurso en Orlando, Terry Cole reconoció el trabajo de la DEA y de sus aliados federales, estatales, locales e internacionales para incautar drogas y desmantelar redes criminales. A finales de junio, el funcionario había señalado que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) representan la principal prioridad de la agencia.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre México y Estados Unidos en materia de narcotráfico y seguridad fronteriza.

A principios de mayo, la Casa Blanca presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, mediante la cual los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación fueron clasificados como organizaciones terroristas extranjeras y el fentanilo fue catalogado como un arma de destrucción masiva.

El plan también contempló ampliar las labores estadounidenses de inteligencia y vigilancia en la frontera y las costas mexicanas, además de integrar a la DEA, el FBI, la ATF y Homeland Security en una fuerza conjunta.

En esas mismas fechas, un tribunal federal de Nueva York presentó cargos contra el entonces gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por una presunta protección al Cártel de Sinaloa. El Gobierno mexicano ha insistido en que Estados Unidos no ha difundido pruebas públicas sobre estas acusaciones.

Otro punto de fricción surgió por un reporte sobre una supuesta operación de la CIA cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, versión que fue desmentida por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La relación bilateral también enfrenta cuestionamientos por el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en julio de 2024.

Un reporte señaló que la aeronave utilizada en el traslado es exhibida en un museo de Nuevo México como parte de una operación del FBI, versión que contradice declaraciones previas del entonces embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien aseguró que ninguna agencia de su país participó en la captura.

Ante esa contradicción, Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitar una explicación formal al FBI mediante la Fiscalía General de la República.

La mandataria advirtió que una intervención estadounidense realizada sin conocimiento del Estado mexicano podría representar una violación a la soberanía nacional, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. No obstante, aclaró que el reclamo no pretende liberar a los detenidos ni suspender la cooperación con Estados Unidos.