ONG piden que revisión del T-MEC priorice derechos humanos y medio ambiente

Ciudad de México.- Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos críticos del T-MEC pidieron que la nueva etapa de revisión del tratado comercial coloque en el centro los derechos humanos, laborales, ambientales, de los pueblos indígenas y de las comunidades campesinas, luego de que el gobierno de Estados Unidos decidió no respaldar la extensión automática del acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá.

En un pronunciamiento conjunto, la Asamblea de Incidencia del T-MEC y una treintena de agrupaciones señalaron que el nuevo escenario puede abrir una oportunidad para discutir temas que, aseguraron, han sido relegados durante décadas en la integración económica de América del Norte. Entre ellos mencionaron la justicia social, la protección del medio ambiente, la soberanía alimentaria y la participación efectiva de la sociedad civil y de los pueblos en las decisiones relacionadas con el tratado.

Las organizaciones también advirtieron que la revisión anual del T-MEC podría convertirse en un espacio de presión para que México acepte condiciones que rebasen el marco de una negociación soberana, con tal de garantizar la permanencia de Estados Unidos en el acuerdo comercial. En ese sentido, llamaron al gobierno mexicano a no ceder en asuntos que consideran críticos, como la inclusión de la energía dentro del tratado, la profundización de la dependencia alimentaria respecto de los países del norte y eventuales reglas de origen que afecten a las instalaciones industriales del país y, con ello, las condiciones laborales de millones de trabajadores.

Los firmantes plantearon la necesidad de crear un mecanismo permanente, institucionalizado y transparente que permita la participación de organizaciones sociales, sindicatos, pueblos indígenas, comunidades campesinas, agrupaciones ambientalistas, academia y personas trabajadoras en el seguimiento de las revisiones anuales. Señalaron que estarán atentos a las decisiones que tome México cada año en torno al tratado.

En el documento, las agrupaciones advirtieron que no aceptarán que las revisiones se utilicen para debilitar derechos laborales, ambientales o regulatorios, ni para profundizar un modelo comercial que, a su juicio, ha ampliado desigualdades, precarizado el empleo y reducido la capacidad del Estado para garantizar derechos.

Las organizaciones sostuvieron que el discurso de la soberanía debe traducirse en decisiones concretas. Por ello, urgieron al gobierno de Claudia Sheinbaum a priorizar la defensa y protección efectiva de los derechos humanos, laborales, ambientales, de pueblos indígenas y comunidades campesinas, así como la soberanía alimentaria, la biodiversidad y las semillas nativas.

También pidieron fortalecer mecanismos vinculantes de vigilancia y cumplimiento con participación de la sociedad civil, construir una agenda regional de movilidad humana basada en derechos y eliminar privilegios corporativos que limiten la capacidad regulatoria de los Estados. Además, defendieron el derecho soberano de México a establecer políticas de desarrollo económico orientadas a garantizar los derechos de su población.

Entre sus propuestas, las agrupaciones pidieron la instalación de una Mesa Permanente de Participación Social para dar seguimiento a las revisiones del T-MEC y la realización de una consulta popular que permita conocer la opinión ciudadana sobre los impactos y el futuro del tratado. Para ello, señalaron que debe garantizarse el acceso oportuno a la información, la deliberación pública y la participación efectiva de organizaciones sociales, pueblos, sindicatos, academia y otros sectores.

Los firmantes afirmaron que la decisión de Estados Unidos inaugura una década decisiva para definir el futuro de la integración económica de América del Norte, por lo que ese proceso no debe llevarse a cabo sin tomar en cuenta a quienes resienten de manera cotidiana los efectos del acuerdo comercial.

De acuerdo con las organizaciones, una política comercial compatible con la democracia y los derechos humanos requiere participación permanente, diálogo y transparencia, y no debe responder únicamente a intereses económicos. Entre quienes suscribieron el pronunciamiento se encuentran la Asamblea de Incidencia del T-MEC, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Red de Mujeres Sindicalistas, la Nueva Central de Trabajadores, Engenera, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País, Global Exchange, CartoCrítica, la Alianza por la Salud Alimentaria, el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes y Semillas de Vida, entre otras agrupaciones.

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Foto : Especial

Djs