Puebla, Pue.- Pese a la oposición de las bancadas del PRI y el PAN, así como de las principales universidades del estado, la mayoría que conforman el bloque Juntos Haremos Historia, logró la aprobación de una nueva Ley de Educación del Estado, enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para aplicar una serie de restricciones, principalmente a instituciones educativas del sector privado.
Morena acusa presiones del extranjero contra la Ley de EducaciónCritican iniciativa de Ley de Educación propuesta por BarbosaDe esta forma, los diputados prohibieron que las escuelas particulares retengan documentos académicos de los estudiantes por el adeudo de los tutores o bien el negar el servicio educativo por no utilizar el uniforme o los materiales didácticos de la institución.
De igual forma, se estableció que los bienes muebles e inmuebles de las instituciones particulares pasarán a formar parte del Sistema Educativo Estatal, de ahí que estarán obligados a cumplir con los lineamientos que emita la SEP para operar, como el uso de colores neutros y no utilizar nombres de funcionarios públicos en pleno encargo ni de sus familiares hasta en un segundo grado de parentesco.
También aprobaron multas que podrían ir desde los 8 mil 860 pesos a los 440 mil 310 por violar alguna de las 25 infracciones que incluyeron en la nueva ley.
Contra los 8 votos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se impusieron los 32 sufragios del bloque Juntos Haremos Historia, formado principalmente por la mayoría de Morena en el Congreso Local.
La sesión se alargó entre los alegatos a favor de diputados como Gabriel Biestro Medinilla, Olga Lucía Romero Garci Crespo y Vianey García Romero, de Morena, que defendieron la iniciativa del mandatario estatal, mientras que integrantes de la oposición como el petista José Juan Espinosa Torres, el panista Oswaldo Jiménez López y el diputado de Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez, cuestionaron el no haber permitido la participación de las instituciones en su discusión y análisis.
A ellos se sumaron los priistas Rocío García Olmedo y Javier Casique Zárate, que también criticaron la falta de diálogo con el sector directamente afectado por la iniciativa y señalaron que no les brindan certeza jurídica ante acciones como tomar el control de sus bienes muebles e inmuebles.
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